La muerte de 46 privadas de libertad en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) son potenciales ejecuciones extrajudiciales, advirtió este miércoles el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh).
– El ente defensor del pueblo emplazó por 48 horas a la viceministra Villanueva para que presente las evidencias de lo denunciado.
Este miércoles, la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, responsabilizó a la Policía Nacional de la muerte de las reclusas señalando que 119 de los 120 casquillos encontrados en la escena del crimen pertenecían a esta institución.
Los casquillos tendrían grabado “IMI-PN” cuyo significado sería “Industria Militar Israelí” asignados a la Policía Nacional de Honduras.
La titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, consideró que las aseveraciones de Villanueva podrían interpretarse jurídicamente como una aceptación tácita del Estado respecto a la participación de sus agentes del orden en la comisión de hechos internacionalmente ilícitos derivados de graves violaciones a derechos humanos, particularmente de potenciales ejecuciones extrajudiciales de ciudadanas mujeres bajo su custodia.
Indicó que la situación podría agravarse por la falta de rendición de cuentas respecto al desarrollo de la investigación judicial si se logra conformar la hipótesis de Villanueva.
En ese sentido, advirtió que la investigación no habría sido resguardada de la contaminación o alteración de la prueba que pudieron realizar los posibles perpetradores, pues han transcurrido cinco meses desde la ocurrencia de los hechos y los responsables no han sido identificados, procesados, ni castigados.
Admitió que ha enfrentado serios obstáculos que han entorpecido su función y han impedido el esclarecimiento de los hechos, tales como impedimentos por parte de autoridades policiales para inspeccionar la escena del crimen, la no contestación de los requerimientos de información y la no remisión de las copias de los dictámenes de autopsias solicitados.
Agregó que la propia viceministra de Seguridad también se ha negado a remitir copias de los dictámenes de las autopsias solicitadas.
El Conadeh instó al Ministerio Público a realizar una investigación que cumpla con los principios generales de debida diligencia reforzada para la investigación de estas graves violaciones a los derechos humanos.
