TSC se convirtió en una agencia tramitadora de cartas de impunidad y finiquitos, según analista
A criterio del analista político Pablo Carías, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) de Honduras, con el pasar de los años, se ha convertido en una agencia que sólo tramita cartas de impunidad y finiquitos a la élite política del país.
«El propio TSC se ha convertido en una agencia tramitadora de cartas de impunidad, de finiquitos. Es una institución que castiga a sus desafectos, pero que también puede premiar a sus parciales», mencionó
Carías cuestionó que el órgano contralor del Estado sea una de las instituciones más politizadas en la nación, pues muchos políticos hondureños, a su criterio, han sido beneficiados por padrinazgos.
Además, muchos de los casos investigados por el TSC están a punto de prescribir, pues desde el pasado 16 de febrero el órgano contralor del Estado no emite resoluciones por estar incompleto por la falta de un magistrado, Roy Pineda, que fue nombrado magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Los dos magistrados restantes, Juan José Pineda y Ricardo Rodríguez, han urgido al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, agilizar el nombramiento del tercer magistrado. Sin embargo, desde entonces no hubo respuestas desde el Legislativo.
Pineda y Rodríguez culminaron sus funciones el pasado 6 de diciembre, pero se mantienen en sus cargos ante el nombramiento de las nuevas autoridades.
Para elegir a los nuevos relevos se requieren de 86 votos en el Congreso Nacional, no obstante, entre las bancadas no hay consensos para la elección de los magistrados, por lo que advierten que se nombren interinatos por parte de la comisión permanente, como recientemente pasó con los fiscales Johel Zelaya y Mario Morazán en el Ministerio Público.
Finiquito a David Chávez
El último caso más sonado y cuestionado contra el TSC es el del presidente del Partido Nacional, David Chávez, actual prófugo de la justicia, a quien el Tribunal Superior de Cuentas otorgó un finiquito en un supuesto caso de corrupción en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), cuando Chávez fue su director entre 2010 y 2013.
El político también recibió un amparo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que el Ministerio Público cerrara la investigación y no le presentara requerimiento fiscal, pues la resolución del TSC lo libró de responsabilidad administrativa, civil o penal.
Además, un juez ejecutor fue nombrado para que la Fiscalía diera cumplimiento a la sentencia que blinda al exfuncionario, un beneficio que abarca a otros ex directivos de Infop y empresarios.
Como el caso nunca llegó a ser judicializado, por ende, todos los sospechosos no recibieron sobreseimiento, razón por la cual el MP consideró que el caso seguía abierto.
Sin embargo, Chávez nunca obtuvo un sobreseimiento definitivo después de recibir resoluciones favorables tras ser investigado por el Ministerio Público, junto a otros 8 funcionarios del Infop, por lo que el caso permaneció abierto.
En ese sentido, el pasado 28 de noviembre se emitió una orden de captura en contra de Chávez por fraude y violación de deberes de funcionarios, relacionados con la supuesta compra irregular de un equipo de software y adiestramiento automotriz para el Infop de Catacamas, Olancho.
