«La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes (…) ordenó apertura de investigación previa en contra del señor Presidente de la República», dice un comunicado publicado por la única entidad facultada para destituir al mandatario de Colombia, Gustavo Petro.
La decisión, primer paso de cara a un eventual juicio político contra Gustavo Petro, fue tomada tras evaluar pruebas de la Fiscalía en el proceso por lavado de activos que adelanta contra Nicolás Petro, hijo del mandatario que hizo parte de su campaña presidencial en la región Caribe, detalla el comunicado.
Exesposa de hijo de Petro acusa a exmarido de haber aceptado dinero ilegal
Al terminar su investigación, los 18 miembros de la comisión- donde el oficialismo es minoría- decidirán si existen méritos para acusar al presidente ante la Cámara de Representantes e iniciar un juicio político en el que el Senado tendrá la última palabra sobre la permanencia de Petro en el cargo. El mandatario no tiene mayorías en un ninguna de las dos cámaras, aunque cuenta con más apoyos entre los Representantes.
La acusación contra el hijo de Petro surge del testimonio de su exesposa Daysuris Vásquez, quien lo señaló de recibir grandes sumas de dinero en efectivo de Samuel Santander Lopesierra, condenado por narcotráfico en Estados Unidos.
Según la Fiscalía una parte del dinero ingresó a la campaña presidencial de 2022 y el resto fue utilizado por Nicolás Petro para darse una vida de lujos en la ciudad de Barranquilla (norte). Inicialmente el hijo del presidente se dijo abierto a colaborar con el ente investigador, pero luego de un cambio de abogado decidió rechazar los cargos y se defenderá en un juicio.
Nicolás Petro: su padre «no tenía conocimiento»
Nicolás Petro ha dicho a la prensa que su padre no tenía conocimiento sobre los aportes de Lopesierra a la campaña.
Ningún presidente de Colombia ha sido destituido por el Congreso. La Comisión de Investigación y Acusaciones ordenó una indagación similar contra el exmandatario Juan Manuel Santos (2010-2018) por la presunta entrada de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a su campaña, pero archivó el caso sin llegar a acusarlo.
El también expresidente Ernesto Samper (1994-1998) sí llegó a ser acusado ante la Cámara por presunta financiación del narcotráfico a su campaña, pero los parlamentarios lo absolvieron. Decenas de políticos han sido condenados por vínculos con carteles de la droga, en el país que más produce cocaína del mundo.
