Detención judicial para coronel Arita por autorización de ingreso de L. 445 mil a La Tolva
En audiencia de imputado, un juez decretó detención judicial para el coronel Rodimiro Arita, a quien se le acusa por los presuntos delitos de lavado de activos y violación de los deberes de los funcionarios.
En el mismo expediente se imputó al abogado Luis Antonio Rodríguez Alvarado, quien tiene el cargo de asesor penitenciario y que habría participado en la pretensión de ingresar casi medio millón de lempiras.
Además, se fijó para el martes 19 de diciembre a las 9.00 de la mañana la audiencia inicial.
La parte defensora alegó que los 445 mil lempiras eran de los familiares de los 1,743 reclusos con el objetivo de celebrar las fiestas de navidad y año nuevo.
Los defensores alegan que con el dinero se compraría la cena del 24 y el 31 de diciembre, y que al hacer la división por la cantidad de privados de libertad toca a 120 lempiras por cada uno.
“Se trata de un malentendido”, dijo uno de los abogados al salir de la audiencia.
La acusación del MP
El Ministerio Público ordenó el miércoles la detención preventiva contra el coronel José Rodimiro Arita, jefe del Centro Penitenciario de Morocelí (La Tolva), quien luego de las diligencias investigativas se presentó el requerimiento fiscal por los delitos lavado de activos y violación a los deberes de los funcionarios, todo lo anterior obedece a indagaciones relacionadas a estar contribuyendo con maras y pandillas en una aparente entrega de casi medio millón de lempiras vinculada a los privados de libertad.
Según la fiscalía, se investigará el origen del dinero, quién lo llevó hasta el centro penal, a quién iba dirigido y si se pretendía lavar como producto de las extorsiones; cabe mencionar que en el centro penal de Morocelí sólo hay miembros de la mara 18 entre las personas que guardan prisión.
De acuerdo a investigaciones, no es la primera vez que se llevan grandes cantidades de dinero a ese centro penal, en tal sentido las autoridades de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), quienes tienen a su cargo todos los centros penales del país, determinaron que se pusiera a la orden de la Fiscalía tanto al coronel como al abogado para continuar las investigaciones.
