La violencia causó el desplazamiento forzado de 1.239 personas en Honduras en 2022, indicó un informe presentado este jueves por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).
La Unidad de Desplazamiento Forzado Interno del CONADEH atendió el año pasado 10.556 quejas relacionadas al desplazamiento forzado, de las que 1.239 personas fueron víctimas del fenómeno y 2.404 están en riesgo de desplazarse, indicó el organismo en su informe.
Alrededor de 871 personas menores de 18 años fueron víctimas de desplazamiento forzado por la violencia y 410 niños y niñas estaban en riesgo de desplazarse el año pasado, de acuerdo al documento.
El texto añade, además, que 1.798 niños, niñas y adolescentes se desplazaron de manera forzada o estaban en riesgo entre 2019 y 2022.
Muchos de los desplazados son familias completas y según sus testimonios, están huyendo por amenazas de muerte (56,6 %), extorsión (14,2 %), asesinatos de familiares (10,5 %) y tentativa de homicidio (6,1 %).
Personas desconocidas y las «maras» o pandillas son los principales causantes de ese fenómeno social, detalló el organismo hondureño, que precisó que Francisco Morazán, Cortés, Choluteca y Atlántida, centro, caribe y sur del país, fueron los departamentos que más quejas relacionadas al riesgo o desplazamiento forzado registraron en 2022.
El 54 % de las denuncias presentadas ante el CONADEH fueron interpuestas por hombres por situaciones de riesgo asociadas a su ocupación y el 46 % por mujeres víctimas de violencia de género y por el reclutamiento forzado de sus hijos.
El Parlamento aprobó a finales de diciembre pasado una ley para proteger a los desplazados por la violencia en el país, lo que según organismos de derechos humanos es un «gran paso» para buscar soluciones duraderas frente al fenómeno.
La Ley de Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia establece una base para atender de forma estructural las consecuencias humanitarias que enfrentan más de 247.000 personas desplazadas internamente por la violencia, y para prevenir nuevos desplazamientos.
La normativa, según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), es un «gran paso» para buscar «soluciones duraderas» y reconstruir las vidas de los miles de personas afectadas por este flagelo.
El CICR espera que la ley permita a Honduras «responder a los retos en la asistencia y fortalecer las competencias y la complementariedad entre los sistemas de protección estatales y la respuesta de organismos humanitarios» para garantizar una «respuesta integral y oportuna». EFE
