El miércoles 3 de enero de 2024 continuará la audiencia inicial en contra de tres exempleados del Instituto Nacional Penitenciario (INP) e igual número de notarios públicos por el caso de 50 familias quienes perdieron a sus seres queridos en un incendio en el centro penal de San Pedro Sula en 2024.
Los imputados son Silvio Javier Morales Rodríguez, Carlos René Aguilar Sevilla y Albertina Edugives Canales, todos exempleados del INP.
Asimismo, son señalados los notarios públicos Laureano Carbajal Rivas, Pedro Armando Santos Martínez y Farid Sanabria Canales.
En mayo de 2004, más de 100 privados de libertas fallecieron en el desaparecido centro penitenciario de la ciudad de San Pedro Sula.
El Ministerio Público propuso durante la audiencia inicial 11 medios de prueba testificales, 30 documentales y tres periciales, por lo tanto, la defensa de los imputados solicitó la suspensión para revisar la carca de prueba y verificar la complejidad de las mismas.
Según el expediente, después de la tragedia, los familiares de los fallecidos interpusieron una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) conocido como “Caso Pacheco Teruel y otros”.
La Corte IDH determinó en 2012 mediante una sentencia que el Estado de Honduras debía de pagar a cada una de las 107 familias una indemnización de 317 mil 289 lempiras con 72 centavos.
En ese sentido, los fondos empezaron a pagarse en 2017, cuando la directora del INP de ese tiempo creó una comisión para cumplir con la sentencia.
Sin embargo, el ente acusador descubrió que 49 cheques pertenecientes a igual número de familias fueron cambiados en el Banco Central de Honduras (BCH) por una misma persona que actuó con poderes que nunca otorgaron las víctimas.
Además, el MP informó que encontró inconsistencias en la documentación con las firmas de los afectados y las huellas, así como la no autorización de muchos expedientes por parte de la comisión del INP, por lo tanto, se burlaron de los dolientes quienes no recibieron el pago
