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El lunes 15 de enero continuará la audiencia inicial de las personas implicadas en el caso Pandora II, entre ellos, el expresidente Porfirio Lobo Sosa (2014-2022).
Así lo informó este viernes el director de la unidad de comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte, quien anunció que la audiencia para el lunes iniciará a partir de las 8:30 de la mañana.
También confirmó que el juez admitió todas las pruebas que presentó el Ministerio Público como la defensa de los imputados para que sean evacuadas en la audiencia.
Pandora II es un caso de corrupción que implica a dos expresidentes hondureños: Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández (2014-2022), pero que está recluido en una cárcel de Estados Unidos a la espera de someterse a un juicio a partir del 5 de febrero por cargos de narcotráfico.
Tanto Lobo Sosa como Hernández Alvarado son acusados por la comisión del delito de fraude.
Aunque Juan Orlando Hernández Alvarado es imputado por el delito de lavado de activos.
También son imputados el expresidente del Banco Central de Honduras (BCH), Wilfredo Cerrato; el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), Jorge Johnny Handal Hawit; los exgerentes administrativos de SEFIN, Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina.
Igualmente, están señalados el director de presupuestos de la Secretaría de Finanzas, Roberto Alonso Zúniga Barahona, y el exgerente financiero de Banadesa, David Eduardo Ortiz Hawit, acusados por violación de los deberes de los funcionarios y fraude.
El expediente señala que estos exfuncionarios conformaron de 2010 a 2013 una red de corrupción que participó en la ampliación y aprobación de los desembolsos de fondos públicos por 288 millones 016 mil 175 lempiras.
Estos desembolsos se autorizaron a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista, desde el Congreso Nacional, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y Banadesa.
El expresidente Juan Orlando Hernández recibió el financiamiento para su campaña política de 62 millones de lempiras para el proceso electoral 2023.
Los fondos procedieron de los desembolsos de las instituciones públicas a las fundaciones, a través de la utilización de diferentes artificios, entre ellos, la creación de empresas fantasmas, prestanombres y contratos ficticios, dineros públicos que llegaron a los movimientos «Azules Unidos» y «Amigos de JOH», además la sociedad mercantil denominada «La Cachureca», así como a sus gerentes de campaña departamentales.
Mientras que Porfirio Lobo Sosa tuvo participación directa al autorizar el traslado de fondos de una secretaría a otra, para facilitar los desembolsos a las fundaciones utilizadas para drenarlas, según las investigaciones del MP.