Un juez natural designado en audiencia inicial dictó la medida de sobreseimiento definitivo al expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) por el sonado caso Pandora II.
Lobo Sosa era acusado por el Ministerio Público por la comisión del delito de fraude.
Los otros imputados que recibieron la medida de sobreseimiento definitivo al exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), Johny Handal; y el director de presupuesto de la Secretaría de Finanzas, Roberto Alonso Zúñiga Barahona.
La vocera del Poder Judicial, Lucía Villars, explicó que estos tres imputados fueron sobreseídos de manera definitiva porque no se les logró acreditar el mínimo de indicio racional de la prueba la participación.
Mientras que el exministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato; y la exgerente administrativa de esta dependencia del Estado, Lilia María Bográn Rivera, fueron sobreseídos de manera provisional por el delito de fraude.
Sin embargo, ambos recibieron la medida de auto de formal procesamiento por el delito de violación de los deberes de los funcionarios.
De su lado, el exgerente administrativo de la Secretaría de Finanzas, James Aldana, recibió auto de formal procesamiento por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
Reacciones
El exmandatario hondureño manifestó a la prensa que la acusación procede del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y del asesor presidencial, Manuel Zelaya Rosales.
“Esta cosa viene de un hombre que anda abandonando a sus hijos, Luis Redondo, y de Mel Zelaya”, declaró Lobo Sosa.
Señaló que en su gobierno no se dedicó a perseguir a ningún personaje político.
Lamentó que el actual gobierno copie lo mismo que hizo la anterior administración de hacer persecuciones políticas.
“Le dije al fiscal (Luis Javier) Santos que no tenía la culpa, sino algunos de los políticos que presionamos a los operadores de justicia para que cumplan algunos objetivos”, aseveró.
Expediente
El expediente señala que estos exfuncionarios conformaron de 2010 a 2013 una red de corrupción que participó en la ampliación y aprobación de los desembolsos de fondos públicos por 288 millones 016 mil 175 lempiras.
Estos desembolsos se autorizaron a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista, desde el Congreso Nacional, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y Banadesa.
La acusación señala que el expresidente Juan Orlando Hernández recibió el financiamiento para su campaña política de 62 millones de lempiras para el proceso electoral 2023.
Los fondos procedieron de los desembolsos de las instituciones públicas a las fundaciones, a través de la utilización de diferentes artificios, entre ellos, la creación de empresas fantasmas, prestanombres y contratos ficticios, dineros públicos que llegaron a los movimientos «Azules Unidos» y «Amigos de JOH», además la sociedad mercantil denominada «La Cachureca», así como a sus gerentes de campaña departamentales.
Mientras que Porfirio Lobo Sosa tuvo participación directa al autorizar el traslado de fondos de una secretaría a otra, para facilitar los desembolsos a las fundaciones utilizadas para drenarlas, según las investigaciones del Ministerio Público.
