– Los secuestradores exigían la cantidad de 100 mil lempiras a cambio de su liberación
– Gracias a las labores de inteligencia y búsqueda por partes de los expertos en el área, no se pago ningún rescate
– Los menores habían sido privados de su libertad el pasado 3 de febrero del año en curso
Tegucigalpa. 08 de febrero del 2024. Con el fin de dar respuesta a una formal denuncia interpuesta en la ciudad capital donde dos menores habían sido privados de su libertad, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) logró rescatar sanos y salvos a un bebé de 7 meses y una estudiante de 16 años, que habían sido secuestrados.
Ante esta situación, se activó un operativo de búsqueda y rescate por parte de la Unidad Nacional Antisecuestro (UNAS) de la DPI, permitiendo localizar a las víctimas en la aldea Misisipi, municipio de Guaimaca, departamento de Francisco Morazán.
Según información recabada por los expertos en el área, el día sábado 3 de febrero del presente año, los menores fueron privados de su libertad en su casa de habitación.
Horas después, familiares de las víctimas recibieron mensajes de texto manifestándoles que, los menores se encontraban secuestrados, a cambio de su liberación tenían que pagar la cantidad de 100 mil lempiras.
Gracias al exhaustivo trabajo de inteligencia y búsqueda que se ejecutó por parte de los agentes de investigación se logró liberar a los menores sanos, salvos y sin pagar ningún rescate.
Tras la liberación, los menores fueron trasladados hasta Medicina Forense para realizar la evaluación médica correspondiente.
Además, gracias a las investigaciones llevadas a cabo por los especialistas de la Unidad Nacional Antisecuestro, se logró identificar al presunto responsable del secuestro.
Con esta información, se realizarán las labores investigativas complementarias para recopilar pruebas sólidas que respalden la acusación del sospechoso y presentarlo ante las autoridades competentes.
Una vez recopilada toda la evidencia necesaria, se solicitará la orden de captura correspondiente para detener al presunto responsable que participó en este hecho delictivo.
De esta manera, el sospechoso deberá enfrentar cargos legales por sus acciones y se le deducirá la responsabilidad penal correspondiente que según ley establezca.
La DPI continuará trabajando en colaboración con otras instituciones y organismos de justicia para asegurar una investigación exhaustiva y justa, y de esta manera, garantizar que se haga justicia en el secuestro de los menores.
