Tegucigalpa, Francisco Morazán. El Ministerio Público, por medio de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), presentó un recurso de apelación para que se revoque el sobreseimiento definitivo y se dicte el auto de formal procesamiento en contra del expresidente, Porfirio Lobo Sosa, por el delito de fraude.
Asimismo, se solicita a la Corte de Apelaciones designada dictar el auto de formal procesamiento por fraude al extitular de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez, ya que solo fue procesado por violación a los deberes de los funcionarios.
También fueron favorecidos el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), Jorge Johny Handal Hawit; la exgerente administrativa de SEFIN, Lilia María Bográn Rivera y el director de presupuesto de SEFIN, Roberto Alonso Zúniga Barahona, a quienes se les decretó sobreseimiento por fraude.
En el caso del exgerente administrativo de SEFIN, James Aldana Medina, se le decretó auto de formal procesamiento por fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
El caso se centra en el hecho que los altos exfuncionarios, de acuerdo a la investigación de la UFERCO, conformaron entre los años 2010 y 2013 una red de corrupción que participó en la ampliación y aprobación de los desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras (L. 288,016,175.00) que se autorizaron a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista, desde el Congreso Nacional, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y de BANADESA.
En ese sentido, el involucramiento del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado (con proceso en Estado Unidos por delitos de crimen organizado) se basa en el beneficio obtenido de los desembolsos que se realizaron desde las instituciones públicas a las fundaciones, donde el exmandatorio recibió para el financiamiento de su campaña política al menos 62 millones de lempiras, a través de la utilización de diferentes artificios, entre ellos, la creación de empresas fantasmas, prestanombres y contratos ficticios, dineros públicos que llegaron a los movimientos «Azules Unidos» y «Amigos de JOH», además a la sociedad mercantil denominada «La Cachureca», así como a sus gerentes de campaña departamentales.
En todas las ampliaciones presupuestarias tuvo una participación directa el expresidente Lobo Sosa, autorizando el traslado de fondos de una secretaría a otra, para facilitar los desembolsos a las fundaciones utilizadas para drenar los fondos.
Asimismo, las investigaciones del Ministerio Público determinan que Wilfredo Cerrato, desde la Secretaría de Finanzas, aprobó una ampliación de 35 millones de lempiras que fueron traspasados a la fundación Todos Somos Honduras.
Al otro coimputado, el octavo en el caso, al no comparecer a audiencia de declaración de imputado, se le libró la respectiva orden de captura.
Vale mencionar que, la presentación del requerimiento fiscal se efectuó en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la condición del expresidente Hernández Alvarado, quien días después de cesar en su cargo fue juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano, condición que aún persiste.
