Con información de Proceso Digital
Tegucigalpa- Autoridades del Ministerio Público, impulsan acciones de privación definitiva de dominio sobre 131 bienes presuntamente de origen ilícito, vinculados al expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado y su esposa, Ana Rosalinda García Carías, junto con otros miembros de su círculo cercano.
Esta incautación incluye 32 bienes inmuebles, 19 sociedades mercantiles y 80 productos financieros, los cuales han sido identificados por el Ministerio Público en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Lempira. Los titulares de derecho de estos bienes, además del expresidente y su esposa, son su madre, María Elvira Alvarado Castillo, sus hermanos Hilda Rosario (fallecida), Aixa Marlene, Juan Antonio Hernández Alvarado, su otro hermano José Amílcar Hernández Flores y otros parientes.
Estas acciones representan un paso significativo en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en el país. El Ministerio Público continúa trabajando para investigar a fondo y tomar medidas legales contra cualquier acto ilícito que haya sido cometido por personas en posiciones de poder.
Lo anterior, como parte del trabajo de la comisión especial integrada por fiscales y detectives de la FESCCO, UF-ADPOL y DLCN respectivamente, quienes efectuaron una recopilación y análisis de información luego de asistir y permanecer durante los 14 días en los que se desarrolló el juicio del expresidente Hernández Alvarado, que culminó con una declaratoria de culpabilidad por los tres cargos que enfrentó en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
Dentro de las vinculaciones sostenidas por el Ministerio Público para solicitar la extinción definitiva de bienes se encuentra su relación señalada con personas vinculadas al narcotráfico y con quienes en su momento existió relación transaccional financiera y de constitución de sociedades.
Como parte de la acción definitiva de privación de dominio se están efectuando inspecciones a 19 inmuebles asegurados, los cuales no habían sido autorizados sus procesos de incautación, por lo que, una vez concluida la requisa, se coordinarán labores con la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), para el respectivo proceso.
De nuevo, el Ministerio Público reitera que seguirá dándole seguimiento a las líneas de investigación que se han abierto luego de la información a la que tuvo acceso la comitiva enviada por el Fiscal General de la República a Nueva York, Estados Unidos.
Se espera que estas medidas contribuyan a fortalecer el Estado de Derecho y enviar un claro mensaje de que la impunidad no será tolerada en Honduras. El Ministerio Público se compromete a seguir trabajando incansablemente para garantizar la justicia y la transparencia en el país.
En desarrollo…
