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Bancada nacionalista dice “No” a la Ley de Colaboración Eficaz y advierte persecución política

El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, reiteró la oposición de su partido a la propuesta de Ley de Colaboración Eficaz, advirtiendo que, de aprobarse tal como está, los primeros perseguidos serían los diputados de Libertad y Refundación (Libre) que se unieron al Partido Liberal.

Zambrano arguyó que la ley aún necesita muchos ajustes y denunció que tiene un propósito dirigido. “Libre lo que quiere es callar y perseguir a toda la oposición política y en este caso a los que se han salido de su partido”, afirmó.

El diputado aseguró que los primeros objetivos de esta ley serían los miembros disidentes de Libre. “Los primeros a los que van a perseguir con esta ley es a diputados de Libertad y Refundación (Libre) que se han sumado al Partido Liberal”, declaró.

Además, criticó que las sugerencias del Partido Nacional no han sido consideradas. “Soy del criterio como abogado de que esta Ley de Colaboración Eficaz tiene que escucharse la opinión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) porque tácitamente reforma el Código Procesal Penal porque es de procedimiento y mecanismos que van a la par del Código Penal y del Código Procesal Penal y no se ha escuchado la opinión de la Corte”, señaló.

El legislador mencionó que la ley carece de muchos elementos importantes, y criticó la postura del oficialismo. “Libre solo quiere que sea bajo la declaración testifical, que no tenga otro elemento como ser llamadas, mensajes, video, fotografías u otros documentos que vengan a acuerpar y darle fuerza fehaciente a una declaración”, explicó.

El diputado destacó que el oficialismo no ha mostrado interés en derogar la amnistía política. “Al no derogar este pacto de impunidad significa que muchas personas que tienen información y saben de los delitos contra el Estado que cometieron durante el gobierno de Mel, no van a poder colaborar porque ya se perdonaron esos delitos”, comentó.

La posición del Partido Nacional advierte el uso potencial de la ley como herramienta de persecución política y la necesidad de incorporar mayores garantías y opiniones jurídicas en su redacción final.

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