En una acción decisiva contra la corrupción, el Fiscal General Joel Zelaya, mediante la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), presentó un requerimiento fiscal en contra de Ebal Díaz y 14 personas más, involucradas en un fraude significativo relacionado con el fideicomiso del Proyecto Residencial Morazán.
Este proyecto, destinado a beneficiar a 10,000 familias hondureñas, ha sido objeto de una estafa que defraudó al Estado por más de 294 millones de lempiras.
El requerimiento fiscal incluye también a Sonia Margarita Morales, excomisionada presidenta de Coalianza; Vicente Guadalupe Villatoro, delegado del Banco Lafisse; Mario León Gómez, Rolando Federico Poujol, Juan Ramón Cruz Carvajal, Edmundo del Carmen Cuadra, José Fernando Cálix Bonilla, Myrna Isabel Mejía Flores, Dino Francisco Rieti, Francis Yamileth Rodríguez, Lis María Mocada Pineda, Luis Roberto Aparicio Godoy, Óscar Rolando Mendoza Cáceres, y Tania Michelle Montoya Cepeda.
El requerimiento fiscal solicita la emisión de órdenes de captura a nivel nacional e internacional y la activación de una alerta migratoria para asegurar que los acusados sean llevados ante la justicia..
