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El lunes estará la propuesta de la empresa que construirá la megacarcel en el Caribe hondureño: Ramiro Muñoz

Tegucigalpa – El lunes próximo, las Fuerzas Armadas de Honduras tendrán la propuesta de la empresa que va a construir la cárcel en la Isla del Cisne, en el Caribe hondureño, afirmó este jueves el director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Ramiro Muñoz.

“Hoy es jueves, el lunes tenemos la propuesta para la empresa que lo va hacer”, dijo el también jefe de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), que desde el 1 de julio del año pasado está al mando de la seguridad de los 25 centros penitenciarios del país, y como director del INP dirige el proceso de construcción de la megacarcel.

Hace un mes, el gobierno hondureño, a través de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, informó la aprobación de la licencia ambiental para la construcción de la cuestionada megacárcel, que estará ubicada a 250 kilómetros de las Islas de Bahía, zona insular de Honduras.

La aprobación de la licencia ambiental es considerada como una primera fase que incluye detalles del diseño final de estudios biológicos, marino-costeros y ampliación de datos científicos.

La segunda fase del proyecto se enfocará en la infraestructura, incluyendo una granja solar para generar energía sin afectar la vegetación local y plantas de tratamiento de aguas residuales.

La cárcel en Islas del Cisne prevé albergar a unos dos mil privados de libertad.

Se prevé que unos 80 millones de dólares (dos mil millones de lempiras) se destinarán para las obras de infraestructura de la cárcel. La instrucción ha sido precisa: que el penal esté listo lo más pronto posible para trasladar a “sus primeros huéspedes”, de quienes se ha dicho serán “hampones y personajes corruptos”.

Desde que se anunció el proyecto, la Coalición Ambiental de Honduras ha advertido que se causará un daño ambiental en las Islas del Cisne en caso de concretarse la construcción de un centro penal al grado de dejar un daño irreversible en temas de contaminación en un área considerada una “joya de Honduras” en riqueza natural.

Al rechazo se ha sumado la academia, organismos de derechos humanos y más recientemente la población de la mosquitia mediante marchas.

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