La violencia que estamos sufriendo en el país se debe a múltiples factores sociales, económicos y políticos. El gobierno, siendo el garante de la seguridad ciudadana, debe instaurar políticas públicas que conlleven a erradicar la violencia social que estamos sufriendo día a día.
Es en verdad lamentable cómo la endeble política de seguridad, instaurada por este gobierno de la refundación, ha fracasado estrepitosamente. Continuación del desastre de esta administración gubernamental, que no le ha cumplido al pueblo hondureño sus promesas de campaña; y sólo le ha interesado la continuidad de su agenda política izquierdista, y no resolver los graves problemas que enfrentan los pobres de Honduras, que son la mayoría de la población.
Su política económica no ha sido efectiva, dando como resultado que se haya incrementado el desempleo, razón por la cual se ha aumentado el número de compatriotas que emigran huyendo del hambre y la miseria que, al día de hoy, golpean duramente a los más necesitados.
Al haberse perdido miles de empleos, ni haber opciones laborables dignas, son motivos que han incrementado la delincuencia común; los asaltos callejeros, robos de viviendas, etc., se dan por doquier. A ello hay que sumarle las actividades del narcotráfico y del crimen organizado que están a sus anchas. La extorsión, por más de 60 bandas criminales, tiene de rodillas a los transportistas y comerciantes de todo tipo.
Es lamentable que según las estadísticas, en lo que va del año 2024, de acuerdo con los registros del Observatorio Nacional de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (ONV-IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) se suman más de 65 las víctimas mortales en al menos 20 masacres. El pasado 17 de agosto se registró una matanza en Catacamas, Olancho, con un saldo de cuatro muertos. Luego, el 22 de agosto, se reportó otro homicidio múltiple en San Francisco de la Paz, Olancho; y el viernes 23 de agosto, en Dixon Cove, Roatán, Islas de la Bahía, se reportó una masacre en la que murieron cuatro personas. Francisco Morazán, Yoro y Olancho son los departamentos que más homicidios múltiples han registrado en lo que va del año.
Ante esta grave situación vemos que el gobierno no está interesado en instaurar una política de seguridad que enfrente la criminalidad a corto y mediano plazo. Indigna que el Ministro de Seguridad no le dé la importancia debida a la seguridad de la población y pase maquillando estadísticas, minimizando la terrible violencia diaria que vivimos los hondureños. El Estado de Excepción ha sido un rotundo fracaso ya que no se han bajado los índices de criminalidad en el país.
Parece que todo lo que emprende este gobierno está dedicado al fracaso. Jamás habíamos tenido una administración tan deficiente con la más baja ejecución presupuestaria de que se tenga noticia.
A ello hay que agregarle el desinterés en resolver los terribles problemas que enfrentan los pobres. No hay que olvidar que los hospitales públicos están desabastecidos de medicinas y equipo quirúrgico; las carreteras están colapsadas; la educación pública es pésima y las escuelas se están derrumbado, etc.
Se han perdido miles de empleos al no tener una política económica estable y de confianza para los inversionistas nacionales y extranjeros; y, de paso, satanizan a los empresarios, quienes son los que generan empleos. Como ejemplo de fracaso económico, mencionaremos que, por seguir una agenda política izquierdista, rompieron relaciones con Taiwán, causando un gran perjuicio económico ya que los taiwaneses desarrollaban múltiples proyectos en varios rubros que mejoraban la calidad de vida de miles de hondureños. Sino que lo digan los camaroneros, que han perdido cientos de millones de dólares y despedido a miles de compatriotas. En cambio, China continental, hasta el momento sólo ha hecho promesas que nunca cumplirá.
¡Libre nunca más!
