Tegucigalpa – La decisión de eliminar el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos, impulsada por el temor a que se utilice como un «arma política» contra funcionarios del Gobierno, ha causado un fuerte revuelo en el país, donde analistas y abogados ven la medida como un retroceso en la lucha contra el narcotráfico y se cuestionan a quién quieren proteger.
La presidenta hondureña, Xiomara Castro, ordenó el miércoles dar por terminado el tratado de extradición con Estados Unidos, en medio de una tensión diplomática con la embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu, por criticar una reciente reunión de autoridades hondureñas con el sancionado ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López.
El abogado y doctor en derechos humanos Joaquín Mejía dijo a EFE que el Gobierno solo esperaba «una oportunidad» para dar por terminado el tratado de extradición, una herramienta que considera «efectiva» en la lucha contra el narcotráfico, pues ha permitido al país extraditar a unos 50 hondureños.
«La pregunta que uno se hace es a quién se está protegiendo particularmente», subrayó Mejía, quien considera que el Gobierno pudo declarar «non grata» a la embajada estadounidense en lugar de denunciar el tratado de extradición.
Mejía cree que en el Gobierno hay «algún tipo de temor» a que se solicite en extradición a algún funcionario o persona cercana a la presidenta hondureña.
El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, afirmó este jueves que su país revocó el tratado de extradición con EE.UU. por temor a que sea utilizado como un «arma política» para extraditar a funcionarios o militares de alto rango por cuestiones «puramente políticas».
Señaló que dar por terminado el tratado de extradición, una medida vigente hasta el 28 de enero de 2025, es «una atribución del Poder Ejecutivo», por lo que no requiere aprobación del Parlamento hondureño.
El Gobierno hondureño notificó el miércoles a la Embajada de EE.UU. la decisión de «dar por terminado» el tratado de extradición después de que la embajadora estadounidense expresó la preocupación de su país por la reunión de autoridades de Defensa de Honduras con Padrino López, en el marco de un evento deportivo militar en Venezuela.
Una medida arriesgada y errónea
Dar por terminado el tratado de extradición, según Mejía, es una «decisión política muy arriesgada, pero muy importante» para Honduras, pues también afecta a Estados Unidos porque no podrá extraditar a más narcotraficantes hondureños.
Sostuvo, por otro lado, que la decisión es una medida «errónea» porque el tratado de extradición ha demostrado que las instituciones hondureñas «son incapaces o no tienen la voluntad» para luchar contra el narcotráfico y, además, podría reducir la cooperación bilateral o afectar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que ampara a miles de hondureños en Estados Unidos.
La presidenta hondureña indicó este jueves que los sectores que la critican por denunciar el tratado de extradición deben entender que Honduras tiene relaciones con otros países basadas en «respeto y no injerencia».
Aseguró además que no permitirá que la extradición sea utilizada para «intimidar o chantajear» a las Fuerzas Armadas de Honduras, y prometió que en el país centroamericano no habrá «más golpes de Estado».
Castro señaló que «no podemos permitir» que se ataque al jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Rooselvet Hernández, y al ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, porque eso «debilita la institucionalidad» del Ejército y «pone en precario» el proceso electoral del país.
Según el analista hondureño Graco Pérez, la cancelación del tratado de extradición tiene como objetivo «alejarse» de EE.UU. y «acercarse más» a naciones como Venezuela, Cuba y Nicaragua, especialmente de cara a las elecciones de 2025.
Pérez declaró a EFE que no tiene sentido cancelar un tratado que apoya la lucha contra el crimen organizado en Honduras, a menos que se pretenda «evitar la extradición de algunas personas» o utilizar la lucha contra el narcotráfico para «ejercer presión política».
A su juicio, el Gobierno hondureño es el que podría utilizar la extradición como un «arma política», pues las autoridades hondureñas son las que autorizan las extradiciones solicitadas por otros países.
