Tegucigalpa – El Tratado de Extradición, entre Honduras y Estados Unidos, quedará oficialmente sin valor 10 días antes de las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025, luego de la decisión de la presidenta Xiomara Castro que arguye no permitirá que se utilice esta figura para chantajear a las Fuerzas Armadas.
– Espero que sea un conflicto temporal y que la extradición siga hacia EEUU, no vamos a meter las manos por nadie que sea solicitado y se presenten las pruebas, dijo el diputado Jari Dixon.
En las últimas horas, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), reunido este viernes, respaldó la decisión de la presidenta Xiomara Castro de terminar el Tratado de Extradición con Estados Unidos, a quien -además- acusaron de pretender desestabilizar la institucionalidad del país.
Mediante un comunicado que leyó inicialmente el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, remarcó que el Consejo de Defensa y Seguridad da su completo respaldo a la presidenta Castro en su denuncia del Tratado de Extradición con EEUU, que según ellos, podría ser usado como una herramienta política para desestabilizar el país.
El CNDS condena lo que llamo acciones injerencistas y desestabilizadoras en contra del gobierno legítimamente constituido que incentivan mediante conspiración para asestar un nuevo golpe de Estado y la interrupción del proceso electoral.
“Las acciones violan el derecho a la autodeterminación de los pueblos y el principio de derecho internacional de la no intervención en los asuntos internos de otros estados que permite la convivencia pacífica entre las naciones de la comunidad internacional”, concluyeron.
Decisión catastrófica
El abogado constitucionalista Oliver Erazo, ofreció un análisis crítico sobre la reciente decisión del Gobierno de la presidenta Xiomara Castro de denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos.
En sus declaraciones, Erazo dejó claro que, si bien la Constitución de la República faculta al Congreso Nacional para aprobar tratados o convenios internacionales antes de su ratificación, la denuncia de un tratado ya ratificado recae exclusivamente en el Poder Ejecutivo, como lo establece el artículo 245.
«No es procedente que el Congreso intervenga en la denuncia o terminación del tratado», afirmó Erazo, citando la limitación constitucional de las facultades del Poder Legislativo en estos casos. Añadió que, según el artículo 14 del tratado, el procedimiento para su terminación es claro: cualquiera de las partes puede dar por terminado el acuerdo mediante una simple notificación con seis meses de anticipación, lo cual ya ha sido hecho por el Gobierno hondureño. Es decir es un tema finiquitado y solo se debe esperar el plazo de seis meses. No obstante están a tiempo de repensar la decisión en caso de que EEUU, les brinde esa oportunidad, añadió.
Más allá del aspecto legal, el especialista enfatizó las graves consecuencias que esta decisión podría tener para la ciudadanía. «Esta es una decisión imprudente, errada y catastrófica para el pueblo hondureño, que es quien sufrirá los efectos negativos», expresó.
Según el abogado, la medida expone a la población a un mayor riesgo, dejándola desprotegida frente al crimen organizado.
Asimismo, Erazo subrayó que mientras el pueblo enfrenta la falta de seguridad y vive en condiciones precarias, las élites privilegiadas que toman estas decisiones “soberanas para ellos que permanecen en una posición de confort”, como es el caso de la familia gobernante que son “oligarcas” ajenas a las repercusiones reales.
«Es el pueblo hondureño quien paga la factura de estas decisiones espantosas, tomadas bajo el barniz de un acto soberano que solo beneficia a unos pocos», concluyó.
Extradición con EEUU concluye el 28 de febrero
El diputado del Partido Nacional, Antonio César Rivera Callejas, citó que la Constitución de la República establece que el Congreso tiene la facultad de aprobar, improbar o ratificar el tratado, pero no cita la palabra denunciar, “sin embargo este decreto legislativo de 1912 sí fue al Congreso para su ratificación, entonces al leer el tratado manifiesta que para dejarlo sin valor ni efecto sólo se requiere la notificación seis meses antes”.
Acentuó que todo indica que “pareciera” no debería ir al Legislativo para su ratificación, ya que basta con la comunicación simple.
Rivera Callejas dijo que varios congresistas hacen el respectivo análisis jurídico porque no hay antecedentes en ese poder del Estado para ratificar la denuncia de un tratado.
Ejemplificó con el convenio de la MACCIH fue distinto porque en sus articulados tenía un periodo de expiración, “aquí lo que pasó fue que el Congreso le recomendó a Juan Orlando Hernández que no lo renovara.
Sobre la reforma al artículo 102 de la Constitución, aprobada en 2012 para permitir la entrega de hondureños, dijo que sigue vigente porque hay tratados de extradición con otros países. “El tratado con Estados Unidos es bilateral entre ambos países, ese es el que termina el 28 de febrero del próximo año, la extradición sigue vigente en Honduras, pero no hay tratado con Estados Unidos”, puntualizó.
Decisión traerá otras repercusiones
Mientras, el abogado Fernando González explicó que cuando un país renuncia a un tratado internacional, eso le corresponde al Poder Ejecutivo.
Citó el caso del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que fue una decisión de la presidenta Castro, entonces igual lo hizo con el tratado de extradición.
Sin embargo, razonó que la decisión de la gobernante Castro traerá repercusiones al país, como por ejemplo poner tributo a las remesas que envían los hondureños desde EEUU. Si se envían 10 mil millones de dólares, el 10 % equivaldría a 1 mil millones de dólares, que perfectamente el país del norte bien podría decidir enviarlo a Haití u otro país, o por qué no para la frontera con México.
El abogado González dilucidó que no es necesario que la denuncia del tratado de extradición tenga que ir al Poder Legislativo.
Previó que la decisión de la presidenta Castro también provocará que las visas de los funcionarios del gabinete sean revocadas.
Concluyó que la determinación le pasará factura a los máximos dirigentes del Partido Libre, igualmente señaló que “esto es un bumerán con ellos mismos porque sienten a lo mejor que familiares cercanos a altos funcionarios de este gobierno puedan salir mencionados por lo que pueda decir Midence Oquelí Martínez o Mario José Cálix Hernández”.
Tratado no debe ir al Congreso
En tanto, para el exfiscal y actual diputado Jari Dixon la suspensión total de la extradición ocurre 180 días después de la denuncia del tratado.
“De acuerdo a la teoría de las denuncias (tratados) no tiene sentido que vaya al Congreso. Con respecto a la extradición, para mí debe continuar y espero que esto sea solamente un acto de presión por parte del Ejecutivo para que la Embajada norteamericana no se siga involucrando en los asuntos internos del país”, explicó.
Dixon abogó para que en ese lapso de seis meses los gobiernos de Honduras y Estados Unidos se sienten para buscarle una salida que convenga a ambas partes porque los únicos favorecidos son los narcotraficantes.
Dijo que espera que el Ejecutivo los llame para que les expliquen las causas para haber tomado esa decisión.
“No tenemos un sistema de administración de justicia fuerte para aniquilar una extradición, todavía tenemos una estructura bastante contaminada de gobiernos anteriores, por eso no veo factible la eliminación de la extradición”, enfatizó.
Finiquitó que espera que sea un tema temporal producto de una reacción a las declaraciones de la embajadora Laura Dogu. “Más allá de eso creo que la extradición debe mantenerse, ha sido una herramienta poderosísima para desarticular estas bandas de personas que se creían reyes en el país”.
Extradición no es arma de uso político
Para la abogada y exministra de Derechos Humanos, Ana Pineda, dijo que de acuerdo a los tratados internacionales que regulan la extradición es una figura propia del derecho y se hace para proteger bienes jurídicos de trascendencia internacional.
Cuando se habla de narcotráfico -prosiguió- no sólo es afectada una sola persona, es perjudicada una sociedad en su conjunto, “es un delito donde hay pluri ofensa que en determinado momento puede conectarse para afectar varios bienes jurídicos.
Pineda no cree que sea un arma de uso político, como lo denunció la presidenta Castro, pero si así fuera no cree que hubiera tantos estados suscribiendo convenciones de extradición. “No hay forma que Honduras se sustraiga de la figura de la extradición, consecuentemente no se le puede llamar arma política”.
Reflexionó que “el narcotráfico es una realidad en Honduras y que la institucionalidad del sistema de justicia no ha funcionado para combatir este flagelo, por esa razón estoy a favor de la extradición hasta tanto no se creen las condiciones para una investigación efectiva en el país”.
Un acuerdo internacional suscrito entre dos estados, basta con que una de las partes denuncie el tratado y luego de seis meses queda sin valor ni efecto.
Bajo toda esta premisa, el tratado de extradición con EEUU quedaría sin valor a 10 días de las elecciones primarias en Honduras. ¿Su reactivación será un tema de campaña política? Seguramente la oposición lo alzará como bandera para agenciarse votos.
