El gobierno hondureño anunció que planea poner fin a su acuerdo de extradición con Estados Unidos, en una medida que debilitará la capacidad del país para combatir el tráfico de drogas y perseguir a los narcotraficantes.
La presidenta, Xiomara Castro, hizo el anunció en su cuenta de X la semana pasada. La noticia se dio horas después de que la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, criticara a miembros de alto rango del gobierno, entre ellos José Manuel Zelaya Rosales, sobrino de Castro y ministro de Defensa, por reunirse con un oficial del régimen venezolano acusado de tráfico de drogas por Estados Unidos.
“Estamos muy preocupados por lo que ha ocurrido en Venezuela”, declaró Dogu a los medios hondureños. “Fue bastante sorprendente para mí ver al ministro de Defensa y el Jefe de Estado Mayor Conjunto sentado al lado de un narcotraficante en Venezuela”.
Castro calificó las declaraciones de la embajadora como un ataque contra las fuerzas armadas y afirmó que se estaba formando un plan contra su administración. Varios miembros del gabinete de Castro insinuaron que Estados Unidos estaría intentando usar la extradición como una herramienta para debilitar a los militares y como un arma política contra los oficiales del gobierno.
Varios narcotraficantes que enfrentan juicios en Estados Unidos han nombrado a la familia de la presidenta Castro en sus testimonios. Devis Leonel Rivera Maradiaga, el antiguo líder de la red de tráfico de drogas de los Cachiros, ha afirmado en repetidas ocasiones que el expresidente Manuel “Mel” Zelaya, esposo de Castro, aceptó sobornos cuando estaba en el poder. También ha testificado que, durante ese tiempo, el hermano de Mel, Carlos Zelaya, usó una pista de aterrizaje clandestina en Olancho para introducir cocaína a Honduras.
Ambos Zelayas han negado las acusaciones. Pero, días después de que la presidenta Castro hiciera pública su intención de anular el tratado de extradición, Carlos Zelaya afirmó —en una rueda de prensa— que en 2013 se reunió con narcotraficantes que describió como “empresarios”. También renunció como secretario del Congreso Nacional.
Su hijo, Zelaya Rosales, renunció como ministro de defensa poco después, afirmando que lo hacía para permitir que la investigación contra su padre procediera sin obstáculos.
Honduras ha tenido un tratado de extradición con Estados Unidos desde 1912. Aunque la constitución originalmente no permitía la extradición de ciudadanos hondureños, eso cambió en 2013, cuando el entonces presidente del congreso, Juan Orlando Hernández, impulsó una reforma constitucional que expandió los poderes del gobierno sobre la extradición.
Luego, como presidente, Hernández extraditó a algunos de los narcotraficantes más poderosos de Honduras, entre ellos miembros de los Cachiros y los Valles, a Estados Unidos. Tras completar su mandato, el mismo Hernández fue extraditado y posteriormente sentenciado a 45 años en prisión por tráfico de drogas.
Un oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos le dijo a InSight Crime que la extradición es una herramienta valiosa para Honduras y Estados Unidos. “Instamos firmemente al gobierno de Honduras a que reconsidere esta decisión, ya que perjudicará los esfuerzos de Honduras y Estados Unidos para luchar conjuntamente contra el narcotráfico y llevar a los delincuentes ante la justicia”, dijeron.
A menos que la presidenta Castro cambie de opinión, el acuerdo de extradición caducará el 28 de febrero de 2025.
Análisis de InSight Crime
La anulación del tratado de extradición por el gobierno de Castro podría ser un intento de proteger a oficiales gubernamentales clave de ser judicializados en Estados Unidos, y seguramente debilitará la capacidad de ambos países para combatir los grupos criminales transnacionales.
Es probable que las referencias a personas cercanas a la presidenta durante juicios por narcotráfico en Estados Unidos hayan inquietado a la familia. Las condenas a traficantes y políticos hondureños, entre ellas la de Hernández hace algunos meses, se basaron en gran parte en testimonios de testigos más que en evidencia física, y han llevado a veredictos condenatorios de forma consistente.
El ministro de relaciones exteriores, Enrique Reina, hizo énfasis en que el fin de la extradición no estaba orientado a proteger a personas cercanas al actual gobierno y afirmó que la mayoría de las peticiones de extradición que el gobierno había recibido eran de miembros del Partido Nacional, de oposición al gobierno.
Anteriormente, Mel Zelaya había declarado a los medios que el gobierno de Castro no tenía “ninguna intención” de cancelar el tratado de extradición. El partido de Castro, Libre, había celebrado la extradición de Hernández, que actualmente cumple una condena de 45 años.
Expertos consultados por InSight Crime dijeron que aunque la extradición no había parado el movimiento de cargamentos de droga a través del país, había sido una medida efectiva para atacar a los grupos criminales más grandes del país.
“Estamos retrocediendo a pasos agigantados”, dijo a InSight Crime un oficial hondureño, que pidió permanecer anónimo por no estar autorizados a hablar con la prensa. El sistema judicial “no tiene la capacidad de mantener a un narcotraficante de alto perfil en prisión durante un día, mucho menos de judicializarlo”.
Lester Ramírez, profesor en la Central American Technological University, le dijo a InSight Crime que no existe “la autonomía o los recursos para investigar, y más importante aún, para judicializar” casos de crimen organizado a gran escala en Honduras.
En una carta enviada desde prisión, el expresidente Hernández dijo que la extradición era un “instrumento crucial” en la lucha contra el crimen organizado. Además, declaró al periodista hondureño Óscar Estrada, que no se arrepentía de implementar la medida de extradición a pesar de su larga sentencia, y dijo que la en Honduras, “la debilidad institucional y el poder de los carteles” había hecho que la ayuda de Estados Unidos fuera necesaria.
Imagen principal: La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se dirige a sus simpatizantes durante una protesta para exigir al Congreso el cumplimiento del mandato constitucional de elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público, en Tegucigalpa, Honduras.
