El presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Gustavo Solórzano, lanzó una serie de duras críticas contra la familia de la presidenta Xiomara Castro, tras la difusión de un video que supuestamente involucra a miembros de su círculo cercano con actividades relacionadas al narcotráfico. Solórzano, conocido por su postura firme en temas de justicia y legalidad, expresó su indignación de manera contundente, señalando que las acciones de la familia presidencial están muy lejos de representar los valores de la soberanía nacional.
«¡Qué vergüenza nos dan estos sinvergüenzas!», exclamó Solórzano en una declaración que rápidamente ha resonado. El líder del gremio de abogados dejó claro su descontento con la situación, condenando lo que él considera una traición a los principios que deberían guiar a los servidores públicos. «No es soberanía, es protección», añadió, sugiriendo que las recientes maniobras del gobierno, como la propuesta de retirar la denuncia del Tratado de Extradición con Estados Unidos, están diseñadas para encubrir a aquellos que deberían estar rindiendo cuentas ante la justicia.
En su contundente declaración, Solórzano reafirmó su apoyo a la extradición como una herramienta esencial en la lucha contra el crimen organizado, destacando que cualquier intento de evadirla sería un grave error que sólo aumentaría la impunidad en el país. «¡Los hondureños merecemos respeto! ¡Sí a la extradición!», concluyó, dejando en claro su firme rechazo a cualquier movimiento que pudiera interpretarse como un intento de proteger a los responsables de crímenes graves que afectan la seguridad y el bienestar de la nación.
Las palabras de Gustavo Solórzano se suman a una creciente ola de críticas y demandas de transparencia dirigidas al gobierno de Xiomara Castro, en un momento en que la confianza en las instituciones y en los líderes políticos parece estar en su punto más bajo. La expectativa de la ciudadanía ahora está puesta en cómo responderá el gobierno a estos señalamientos y si se tomarán medidas para restaurar la credibilidad del Estado hondureño.
