El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este miércoles una nueva línea de investigación en la que denuncia casos de corrupción por grandes erogaciones en cuatro corporaciones municipales.
Las alcaldías señaladas son La Ceiba, Comayagua, Gracias y Belén, estos últimos dos corporaciones municipales son del departamento de Lempira.
La directora del CNA, Gabriela Castellanos, manifestó que el manejo de fondos públicos sigue siendo uno de los grandes pecados de los funcionarios y servidores.
Comentó que los proyectos denunciados en este día sigue siendo botín para compartir con los amigos y socios, que se reparten los fondos municipales utilizando “viejas prácticas corruptas”.
Agregó que los casos de corrupción comienzan con una declaratoria de emergencia argumentando que es para beneficiar a la población, en otras ocasiones, el alcalde decide las sobras que necesita la población.
Castellanos denunció que el gobernante municipal decide en la mayoría de las ocasiones quien es el contratista, pasándose por encima de los procesos establecidos en la normativa vigente.
Reveló que se invirtieron 42 millones 776 mil 533.26 lempiras en proyectos mal ejecutados en estos cuatro municipios o que “han servido para llenar el bolsillo de algunas personas”.
La directora del CNA desglosó que los casos donde hubo proyectos mal ejecutados son el mantenimiento del relleno sanitario de La Ceiba, el mejoramiento vial en Gracias, la pavimentación de una vía de acceso en Comayagua y la electrificación en Belén.
Expuso que se hallaron fraccionamiento o duplicidad de contratos para una misma obra, adjudicación de proyectos a personas específicas y sobrevaloración de precios.
Ejemplificó el proyecto del bulevar de Tres Caminos en Comayagua provocó afectando la ciudadanía por la mala supervisión de contratos, debido que en época de lluvias inundaba ciertas zonas.
Mientras que en el proyecto de electrificación de Belén potenciaría el desarrollo de las comunidades, pero quedó incompleto y solo le llenó el bolsillo a un funcionario público inhabilitado.
En el caso del relleno sanitario en La Ceiba, Castellanos dijo que ayudaría a disminuir el impacto ambiental, pero solo favoreció a terceras personas sin seguir los procesos legales.
El investigador del CNA, Luis Urbina, reveló que en el caso de corrupción en La Ceiba se declaró estado de emergencia de noviembre de 2022 a mayo de 2023.
Seguidamente, reveló que se realizó contrataciones directas en diversas obras en dos períodos: junio-diciembre de 2023 y enero-marzo del presente año.
Por lo tanto, señaló que el alcalde Bader Dip y la empresa contratista incurrieron en un incumplimiento en la Ley de Contratación del Estado por carecer de documentos de la garantía de cumplimiento.
También expuso que hubo duplicidad en seis contratos de obra para el mantenimiento de un relleno sanitario.
La denuncia abarca al alcalde Bader Dip y tres representantes de dos sociedades mercantiles por el delito de fraude y equivale a un perjuicio de 21 millones 766 mil 981.50 lempiras.
En el caso de Gracias, señaló la irregularidad en el proyecto de pavimentación que dejó un perjuicio de 14 millones 174 mil 411 lempiras.
Los denunciados son el alcalde Pedro Edgardo Escalante Campos, Alex Omar Mejía Reyes (gerente de obras públicas), Frecia Irene Alvarado (secretaria municipal), Lorens Beatriz Perdomo (tesorera municipal), Dina Esperanza Ayala Guevara (asesora jurídica), y Fredy Omar Aragón Zacapa (exgerente municipal) por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios; y anticipación, prolongación y abandono de sus funciones públicas.
Mientras que en la alcaldía de Comayagua, fueron denunciados el edil Carlos Miranda, Oscar Armando Padilla (jefe del departamento de desarrollo comunitario) y Carlos Alfredo Padilla (supervisor de obra), por mala administración de fondos públicos.
El perjuicio financiero fue de cuatro millones 707 mil 540 lempiras por irregularidades en tres proyectos.
Finalmente, en Belén, fueron acusados el exalcalde Wilson Apolonio Membreño Muñoz por negociaciones incompatibles del funcionario o empleado público, violación de los deberes de los funcionarios y malversación por aplicación oficial.
La denuncia es por irregularidades en proyecto de alumbrado público que dejó un perjuicio de cuatro millones 955 mil 300.55 lempiras.
