Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) condenó el asesinato del defensor de los derechos humanos, Juan López e instó al Mecanismo de Protección para que aborde con seriedad su mandato, de lo contrario persistirán hechos lamentables que suponen la responsabilidad internacional del Estado hondureño.
Informes preliminares indican que el defensor de los derechos humanos y del ambiente Juan López fue asesinado en las afueras de una Iglesia localizada en la colonia Favio Ochoa de Tocoa, Colón.
La titular del Conadeh, Blanca Izaguirre se solidarizó con los familiares de Juan López, quien era beneficiario de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
La defensora de los derechos humanos instó a las autoridades encargadas de la seguridad en el país a realizar una investigación diligente, oportuna y efectiva que permita dar con él o los responsables para evitar que este crimen se sume a la larga lista de casos en la impunidad.
Recordó que el pasado 10 de septiembre, el Conadeh emitió una Alerta Temprana por la falta de implementación y efectividad de medidas.
En la Alerta Temprana, el Conadeh señaló, al Estado hondureño, la gravedad y el riesgo al no adoptar oportunamente las medidas de protección, por lo que realizó 11 recomendaciones tendientes a garantizar el derecho a la vida e integridad de los beneficiarios.
Es urgente y necesario que el Mecanismo de Protección aborde con seriedad su mandato, pues de lo contrario persistirán hechos lamentables como éste, que suponen la responsabilidad internacional del Estado.
Conadeh advirtió la falta de medidas
En la Alerta Temprana, emitida el pasado 10 de septiembre, el Conadeh advirtió a la comunidad internacional, a las autoridades estatales y a la población en general, sobre la falta de adopción de medidas cautelares dictadas por la CIDH a favor de los Integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.
Recordó que, el 20 de febrero de 2023, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos solicitaron a la CIDH medidas cautelares y le instaron para que requiriera al Estado de Honduras la adopción de las medidas necesarias para proteger el derecho a la vida e integridad personal de los integrantes del Comité de Defensa de Bienes Comunes, defensores criminalizados del mismo Comité, y profesionales jurídicos del Bufete Justicia para los Pueblos.
Lo anterior, según los afectados, por ser víctimas de campañas de difamación, amenazas, hostigamientos, intimidaciones y otros hechos de violencia en el marco de sus actividades en la defensa de los derechos ambientales en Honduras.
Además, identificaron una serie de hechos que configurarían potenciales violaciones a los derechos humanos en perjuicio de los integrantes del Comité de Defensa Bienes Comunes y sus representantes procesales como el asesinato de tres personas defensoras de derechos humanos, vigilancia y patrullaje por supuestos agentes estatales, vigilancia por medio de drones y actos de seguimientos por parte de personas particulares.
A las que se suman amenazas de muerte contra defensores de derechos humanos y sus familiares, la criminalización y detenciones arbitrarias en contra de ocho personas defensoras del Rio Guapinol, desplazamientos forzados, hechos que se caracterizan por una impunidad estructural ya que el 97 % de los delitos cometidos contra de defensores de derechos humanos no son sancionados.
En su último Informe Anual “Situación de los Derechos Humanos en Honduras y la Gestión Institucional”, el Conadeh señaló que, durante el 2023, se registró el asesinato de 16 defensores de derecho humanos en el país; de los cuales 15 se dedicaban a la defensa del ambiente, tierra y territorio, algunos de los cuales contaban con medidas protección para garantizar su derecho a la vida y a la integridad personal.
El departamento de Colón fue escenario de siete asesinatos entre ellos el de Aylin Domínguez, Jairo Bonilla, Óscar Oquelí Domínguez, integrantes del Comité de Defensa de Bienes Comunes, Omar Cruz Tomé, Sandy Martínez Murillo, de la Cooperativa “Los Laureles”, Santos Hipólito Rivas, Javier Rivas, de la Empresa Asociativa Campesina de Producción “Gregorio Chávez”.
Además, José David Fortín, Secretario General de la Cooperativa Agropecuaria Campesina Tarros Limitada, miembro del patronato de la comunidad, y Kevin Meza, integrante de la Empresa Asociativa Campesina Isletas (EACI) y defensor de la tierra.
El Comité de Defensa de Bienes Comunes fue conformado para defender y proteger el medio ambiente de los impactos generados por los mega proyectos y actividades extractivas.
En el 2014, el Comité inició sus actividades de defensa recurriendo a las autoridades gubernamentales para exigir respuestas sobre la contaminación en el Río Guapinol, a raíz de la construcción de una vía dentro del Parque Nacional “Carlos Escaleras Mejía”.
Desde el 2016, el Comité de Defensa de Bienes Comunes presentó múltiples denuncias ante distintas fiscalías relacionadas con la contaminación ambiental, ilegalidades contractuales, violencia y amenazas con relación a actividades mineras.
En la Alerta Temprana, el Conadeh recordó al Estado hondureño que no solo debe proteger el derecho a la vida e integridad personal de los beneficiarios de las medidas cautelares frente a posibles ataques, sino que deviene en la obligación de abstenerse de propiciar y participar en campañas de difamación, o la estigmatización de defensores de derechos humanos y el trabajo que realizan.
