El caso de corrupción involucra a estos jueces que favorecieron a exfuncionarios con amnistías por delitos en la administración pública. En uno de los casos, el acusado se justificó alegando que lo perseguían por ser cercano al exmandatario Manuel Zelaya (2006-2010).
24 acusados usaron Ley de Amnistía para desestimar casos de corrupción
Con esta ley se benefició el actual asesor legal de la presidenta, Enrique Flores Lanza; junto a Marcelo Chimirri, entre…
El imputado de un segundo caso se amparó diciendo que “su investidura de funcionario lo convirtió en un objetivo para que los operadores de justicia lo persiguieran, pero ninguno se refirió a las verdaderas razones -es decir, los delitos por los cuales fueron acusados- y así la justicia fue avasallada con los arreglos políticos que estamos acostumbrados a ver”, criticó Gabriela Castellanos, directora ejecutiva CNA, durante la revelación de estos casos de corrupción.
La abogada señaló que “pesó más el nombre del acusado que la carga del expediente que se tenía enfrente”.
De acuerdo a la investigación, varios jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aplicaron el Decreto de Amnistía para beneficiar a funcionarios del actual gobierno que aduciendo que los casos en su contra eran “persecución política” que sufrieron después del golpe de Estado. “Queda la sensación que esta será la primera de muchas amnistías, porque una vez que se encuentra la manera de hacer las cosas, siempre habrá otros que lo repitan buscando la impunidad”, dijo.
La amnistía favorece a acusados de corrupción
Marcelo Chimirri y Enrique Flores interpusieron recursos en busca de ser amparados por la amnistía
Pacto de Impunidad
La amnistía aprobada la noche del 6 de febrero de 2022 en el Congreso Nacional, fue impulsada por el diputado Rassel Tomé a través de un decreto de amnistía por delitos políticos y para beneficiar a acusados por corrupción y enriquecimiento ilícito del gobierno de Manuel Zelaya Rosales.
Y es que entre los delitos que abarca están: abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos y privados, delitos cometidos contra los particulares, terrorismo, sedición, posesión ilegal de armas, tenencia y almacenamiento de munición de uso no comercial, usurpación, daño, robo, incendio, privación injusta de la libertad, tráfico ilegal de productos o subproductos forestales, apropiación de área forestal (eso en relación con el código anterior).
