El comisionado presidente de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, (ZEDES), Fernando García, ha dado a conocer que es muy importante que este viernes en la sesión del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se dé un fallo a favor del Estado en cuanto al tema de las ZEDES, ya que caso contrario, el país enfrentaría una demanda multimillonaria de $10,000 millones por parte de los inversionistas.
“Es sumamente importante en consideración de que en el Congreso Nacional a pesar de haber estado en agenda desde el 5 de agosto del año pasado el recurso presentado por nosotros ante el pleno del Congreso Nacional y había sido sancionado por el pleno por unanimidad, ya la ratificación de la derogación de la reforma constitucional no se pudo hacer”, dijo.
Asimismo, siguió: “Por eso cuando finaliza el periodo ordinario de sesiones del Congreso en octubre, en noviembre presentamos la acción de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional, en ese caso el pleno de la corte puede conocer la sentencia que formuló la sala o puede adherir la acción de inconstitucionalidad que nosotros presentamos y declarar si son constitucionales o inconstitucionales, y si son inconstitucionales, también puede declarar que es nula de origen todo el tema de las ZEDES y por consiguiente el texto constitucional se retrotrae al originalmente aprobado por el pueblo soberano y eso significa que todo lo actuado sería nulo de origen”.
García agregó que: “En ese caso ellos tendrán que buscar la forma de inmediato adherirse a los regímenes de la forma que nosotros les propusimos desde el 9 de marzo de 2022 antes de ir al pleno del Congreso y ellos pueden tomar las providencias que crean convenientes. Pero el Estado de Honduras tiene el derecho soberano a modificar su normativa constitucional ilegal y más cuando la nulidad es de origen de la reforma constitucional que se efectuó en 2012 y 2013 derivado de afectar el territorio y de la forma de Gobierno”.
Por último , comentó que: “Las Zedes no han interpuesto demandas, son tres inversionistas dentro de la ZEDE Próspera las que han interpuesto una demanda ante el CIADI, son 10,700 millones, con la nulidad de origen que promovimos en el Congreso Nacional y la derogación de la legislación secundaria logramos parar 26 ZEDES y sólo tres que ya estaban operando continuaron operando aunque muchos inversionistas se han retrotraído en el marco de ese régimen jurídico que es espurio”.
Mañana hay sesión de pleno en la CSJ y será crucial la decisión que en esta se tome en torno a este polémico tema.
