Por Radio Progreso
El Instituto de Previsión Militar (IPM) compró en 2023 más de 152 millones de lempiras en acciones de la empresa de Lenir Pérez y Ana Facussé. Dieciocho meses después el ambientalista Juan López fue asesinado a balazos. ¿De qué manera esta sociedad entre militares y empresarios se enlaza con el crimen de López?
El padre jesuita Ismael Moreno dijo que el ambientalista y defensor del territorio “logró vencer la cárcel a los tribunales corruptos. El asesinato fue un asesinato político” que, según el líder religioso, no siempre busca tomar venganza, sino “dejarnos con miedo, aterrorizados y callados”.
El 27 de febrero de 2023, la abogada Pamela Blanco Luque, esposa del ministro de Gobernación, Tomás Vaquero, formalizó la creación de una sociedad mercantil entre militares de Honduras y Alutech, la principal empresa del conglomerado Emco, de Lenir Pérez y Ana Facussé. El Instituto de Previsión Militar compró más de 152 millones de lempiras (más de seis millones de dólares) en acciones de la compañía. El 14 de septiembre de 2024, o sea, 572 días después de legalizarse esta sociedad, murió a balazos el defensor del territorio Juan López.
¿De qué manera se enlazan ambos hechos: la sociedad entre militares y empresarios y el asesinato del ambientalista cuando salía de una iglesia en Tocoa, en el norte de Honduras? ¿Por qué los defensores del Aguán lo consideran preocupante?
Para empezar a entenderlo, podemos decir que la muerte violenta de López gira alrededor de los metales. Por un lado, los materiales con los que trabajan el grupo Emco y las demás empresas de Lenir Pérez. Por el otro, el dinero. El metálico por excelencia. Y, por último, el metal de las balas con que asesinaron al también regidor de la municipalidad de Tocoa.
Es necesario decir que Juan López luchó durante años contra los dueños del metal. El mismo que terminó matándolo. Se enfrentó a la minera Los Pinares, del grupo Emco, por varias razones. En primer lugar porque la empresa metalúrgica se instaló de manera irregular, sin el consentimiento de las comunidades vecinas.
Además, López y sus compañeros de lucha denunciaron en varias ocasiones que la minera de Lenir Pérez no posee permisos para funcionar, ya que se encuentra en una zona de reserva natural del Parque Nacional Carlos Escaleras.
Por encima de todo, Juan López no dejó de denunciar en ningún momento que el grupo Emco ha destruido –y sigue destruyendo– el medio ambiente de las comunidades del litoral hondureño y ha arrastrado a las poblaciones a un clima de conflicto y división.
Juan López contra el millonario del acero
Como han informado los medios independientes, el hoy fallecido ambientalista Juan López dedicó gran parte de su vida a luchar contra compañías extractivistas como el grupo Emco, del cual es dueño el matrimonio Pérez-Facussé. Desde 2023, este grupo empresarial aceptó vender acciones a los militares a través del IPM.
El empresario Lenir Pérez es propietario de dos minas de hierro a cielo abierto en el Parque Nacional Carlos Escaleras en la región de Tocoa, cuya población lo responsabiliza de los inmensos daños medioambientales y la contaminación del agua causados por la extracción del mineral.
Juan López se oponía a un controvertido proyecto minero en Guapinol, Colón, el cual ha sido cuestionado por la supuesta ilegalidad de su concesión de explotación. Esto se debe a que la población considera que la minera afecta al Parque Carlos Escaleras, ya que a través de un decreto presentado en 2012 se ha reducido la zona de núcleo del área protegida de 24.223 a 24.006 hectáreas.
El parque fue declarado área natural protegida por el Gobierno en 2012. Sin embargo, a través de un proceso repleto de irregularidades documentado por ONU Derechos Humanos, el área protegida fue reducida en 2013,. Esto, aotorgar licencias a compañías para proceder a la explotación. En respuesta a la contaminación de los ríos Guapinol y San Pedro se creó el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Público de Tocoa, donde Juan López junto a Juana Zúniga, Adilia Castro, Leonel y otros han sido sus principales liderazgos.
Los defensores Jeremías Martínez Díaz, José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Orbín Nahúm Hernández, Arnold Javier Alemán y Ewer Alexander Cedillo Cruz pasaron dos años y medio en prisión preventiva. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria emitió una opinión en la que estableció que los defensores habían sido detenidos arbitrariamente.
Mientras el Comité Ambiental de la Comunidad de Guapinol era honrado en Washington D.C. con el Premio de Derechos Humanos Letelier-Moffitt, los defensores sufrían ataques y vilipendios en Honduras. En febrero de 2022 recuperaron su libertad.
Pero la lucha no terminó con la libertad de los defensores. La empresa seguía operando y continuaba la contaminación del agua. Además, tras su liberación, algunos defensores tuvieron que abandonar Guapinol por seguridad y se les desplazó forzosamente. La comunidad ha registrado más de 45 personas desplazadas.
A pesar de que el proceso judicial había terminado, las personas defensoras seguían enfrentando agresiones, como campañas de desprestigio, amenazas e incluso asesinatos.
Como contrapeso a las agresiones, el El Congreso Nacional promulga una leyel histórico Decreto Legislativo 18-2024.
Esta ley reestablece el trazado original del Parque Nacional. Además asegura la protección efectiva de todas las áreas protegidas en Honduras. Asimismo prohíbe otorgar derechos mineros en las áreas protegidas, zonas productoras de agua declaradas, playas y zonas de bajamar declaradas de vocación turística.
El Legislativo aprobó y publicó recientemente esta ley.
Melgar Urbina y su nexo con el IPM
El IPM es un órgano público con personalidad jurídica y patrimonio propio; con independencia técnica, administrativa y financiera. Según su ley constitutiva, la Ley de Régimen de Riesgos Especiales, el IPM tiene como fin “brindar previsión a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos” por el riesgo que representan sus labores.
A la cabeza del Instituto está una junta directiva compuesta por altos cargos del Gobierno y de los órganos de seguridad y defensa.
Preside esta junta el jefe del Estado Mayor Conjunto y entre sus miembros están el subsecretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional y el subsecretario de la Policía Preventiva. Además, un representante de las Fuerzas Armadas, dos representantes de la Policía Nacional, uno de los pensionados, el comandante general del Cuerpo de Bomberos —sujeto a la afiliación del Cuerpo de Bomberos al régimen— y el gerente del Instituto de Previsión Militar.
La junta directiva es responsable de autorizar todo tipo de operaciones o actividades financieras, comerciales, industriales o de cualquier otra índole, que redunden en beneficio de la institución.
Es decir, estos ocho funcionarios aprobaron la compra de acciones de Alutech a Grupo Emco porque consideraban que brindaría un beneficio a los policías y militares afiliados. Esto da nuevas luces sobre las múltiples denuncias de represión y violencia que las comunidades del Valle del Aguán han hecho contra la Policía y las Fuerzas Armadas.
El IPM se hizo socio de Grupo Emco a pesar de las denuncias de vulneración de los derechos humanos cometida por la empresa.
Cuando se hizo la compra en febrero del 2023, en la junta directiva del IPM había un hombre con una larga experiencia en el Aguán. Elías Melgar Urbina, entonces viceministro de Defensa, es un coronel del ejército señalado por vínculos con el narcotráfico y con mercenarios acusados de asesinar a campesinos y cooperativistas en el Aguán.
Reporteros de Investigación confirmó en un reportaje de diciembre de 2023 que Elías Melgar se mantenía en funciones como viceministro al menos hasta agosto de 2023, meses después de que Grupo Emco y el Instituto de Previsión Militar se hicieran socios.
Un abogado especialista en temas de propiedades dijo a este equipo de investigación que la transacción del IPM y Alutech está dentro del marco de la ley. Sin embargo, señaló que es “poco ético” que la institución militar se vincule a dueños de empresas señalados por violaciones de derechos humanos como Lenir Pérez y Ana Facussé.
Este equipo de investigación contactó a Pamela Blanco Luque a través de WhatsApp para consultarle sobre las inversiones que ha hecho el IPM en Alutech, pero al momento de la publicación no respondió.
También consultamos a las Fuerzas Armadas sobre posibles conflictos de interés entre el ejercicio de sus funciones en el Aguán y los intereses comerciales del IPM, pero seguimos esperando una respuesta.
Hoy, el Comité en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón, realizó una conferencia de prensa donde expresó que, desde hace varios años, Juan López y otros miembros del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa han denunciado amenazas constantes debido a su oposición al megaproyecto extractivo de Emco Holdings/Los Pinares/Ecotek que afecta al Parque Nacional Montaña Botaderos y comunidades aledañas.
“Estas amenazas no fueron atendidas por las autoridades a pesar de las numerosas denuncias penales presentadas por Juan y otros defensores, sobre todo tras los asesinatos de defensores como Oquelí Domínguez, Aly Domínguez y Jairo Bonilla, ocurridos en 2023. Las autoridades, incluyendo el Ministerio Público, ignoraron estas denuncias, permitiendo que el ambiente de riesgo y persecución persistiera”.
VEA: Video completo de la conferencia
Xiomara Castro pide aclarar crimen de Juan López
El mismo día en que asesinaron a Juan López, Pamela Blanco saludaba, sonriente, a la multitud desde un escenario frente a la Casa Presidencial. Junto a ella se encontraba nada menos que la presidenta de Honduras, Iris Xiomara Castro, además de la secretaria de Defensa y precandidata del oficialismo por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada.
Según analistas, el mitin de Xiomara Castro del 14 de septiembre se dio como táctica de defensa y un “baño de masas” del Gobierno ante un posible golpe de Estado tras la publicación del narcovideo donde aparece el exdiputado Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta.
En la grabación también se ve al alcalde actual de Tocoa, Adán Fúnez, quien lleva 12 años en el poder, y a un grupo de hondureños que han sido juzgados en Estados Unidos por delitos de narcotráfico: Ramón Mata Waldurraga, Devis Leonel Maradiaga, Carlos “Negro” Lobo y Héctor Fernández Rosa, alias Don H.
Las personas filmadas en el video discuten con “Carlón” Zelaya sobre sobornos supuestamente destinados a Manuel Zelaya Rosales, esposo de Xiomara Castro, y a la campaña de Libre en 2013.
En este punto es necesario destacar que la cercanía entre Pamela Blanco, representante de empresas señaladas por violaciones de derechos humanos y afectar el ambiente, y Xiomara Castro contradice las declaraciones de la presidenta, quien exigió aclarar el asesinato de Juan López.
“Exijo a las autoridades para que de manera inmediata se aclare [ese] terrible crimen”, dijo Castro en su discurso del 15 de septiembre.
El legado de Juan López
Los restos del ambientalista hondureño fueron sepultados el 16 de septiembre. Los sicarios lo asesinaron frente a su esposa, pese a que contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras denunciar campañas de difamación, amenazas, hostigamientos, intimidaciones y violencia por defender los derechos ambientales en Honduras.
Los desconocidos asesinaron al líder ambientalista dos días después de que este pidiera la renuncia del alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, por “sus vinculaciones con el narcotráfico”.
El sacerdote jesuita Carlos Orellana, de la parroquia San Isidro Labrador, en Tocoa, responsabilizó a Fúnez por la muerte del defensor y regidor Juan López. Señaló que fueron los secuaces del edil quienes cobardemente le quitaron la vida.
“Sabemos bien que lo asesinaron sicarios pagados a sueldo. La Iglesia responsabiliza a don Adán Fúnez y a sus secuaces, que cobardemente le quitaron la vida. Juan era una piedra en los zapatos de la corporación municipal, en su mayoría. Esta muerte fue premeditada, bien pensada y tramada desde hace mucho tiempo”.
El edil Adán Fúnez expresó que está preocupado por las declaraciones del párroco que lo responsabiliza de la muerte de López. Al mismo tiempo, clamó que teme por su vida y la de su familia.
Aseguró que confía en la comisión que está haciendo las investigaciones científicas y periciales que determinarán lo sucedido con el también defensor del ambiente.
“Tengo la fe y convicción de Dios que nadie se escapa de la justicia divina”, dijo Fúnez.
Además, sostuvo: “Me quieren endosar algo que no es así. Es una muerte. Mi familia está con miedo por las cosas que se han escuchado. Estoy orando para que salga a relucir la verdad”.
Isabel Albaladejo, represente del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras, expresó durante el entierro de Juan: “Lamentablemente en el país se ha cobrado mucha sangre a costa de mártires como Juan. No están solos en la búsqueda de justicia. Que el legado de Juan por un país donde reine la justicia social y el medio ambiente puedan estar en favor del progreso, del desarrollo y las nuevas generaciones, de la igualdad y la dignidad, sea la razón de ser para seguir buscando justicia en su nombre”.
Según la ONG Global Witness, el año pasado fueron asesinados 18 defensores del medioambiente y la tierra en Honduras.
Socios preocupantes
La sociedad legalizada por Pamela Blanco entre la cúpula castrense y el matrimonio Facussé-Pérez es preocupante, dijo Edy Tábora en un foro de televisión durante el velatorio del ambientalista Juan López.
Tábora, abogado del Bufete Justicia para los Pueblos, se refiere así al hecho de que varios organismos han acusado al conglomerado empresarial de Lenir Pérez y su esposa de violaciones de derechos humanos y extractivismo.
Sin embargo, según los analistas, resulta aún más preocupante que Pamela Blanco de Vaquero haya aparecido junto con la cúpula del gobierno de Xiomara Castro en el evento de apoyo a la presidenta.
Para organismos defensores de derechos humanos en Honduras, es urgente investigar estos nexos entre militares, empresarios señalados por extractivismo y familiares de políticos. Entre estos últimos sobresale al menos un miembro del gobierno de Xiomara Castro.
“El poder económico de los proyectos extractivistas en el Aguán se puede dimensionar cuando nos damos cuenta quiénes tienen acciones en inversiones como Ecotek y Los Pinares. No solo son políticos, también hay que investigar [la] participación de oficiales de las Fuerzas Armadas”, señaló al respecto el doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía.
El abogado Mejía afirmó que el poder económico en Honduras actúa con gran influencia y defiende sus intereses con determinación.
“Uno de los actores clave en los conflictos territoriales son los militares, lo que agrava aún más la situación de las comunidades. Creemos que es urgente prohibir de manera absoluta la industria extractiva, realizar una investigación penal exhaustiva y revisar quiénes son los accionistas de estas empresas”, indicó Mejía.
El abogado expresó desconfianza hacia el Ministerio Público. Indicó que este organismo ha estado involucrado en la criminalización de Juan López y otros miembros del Comité Ambiental. Por ello, demandó la formación de una comisión independiente, similar a la del caso Ayotzinapa, para llevar a cabo una investigación imparcial sobre el asesinato de López.
“Hay dinero para marchas militares, pero no hay para el Mecanismo Nacional de Protección. No valen las excusas, las palabras son vacías cuando ya ha sido asesinado a Juan López”, afirmó Mejía.
“No puede operar el crimen organizado como operan en el Valle del Aguán si no es con la colaboración de actores estatales y esta colaboración puede ser por comportamientos activos”, expresó por su parte el abogado Victor Fernández.
Para Fernández, el crimen contra Juan López se dio en una zona de control militar donde hay estructuras de sicarios identificadas. “Junto a estos crímenes se han producido los de al menos 10 campesinos en este periodo de la administración de Xiomara Castro. Junto a la plataforma agraria hemos denunciado con nombre y apellido las estructuras criminales que están operando al servicio de estas estructuras económicas. Hay al menos tres estructuras sicariales que siguen operando impunemente”.
El Padre Melo dijo que el ambientalista y defensor del territorio Juan López “logró vencer la cárcel a los tribunales corruptos”. El asesinato fue un “político” y, según el líder religioso, con este tipo de acciones violentas no siempre se busca tomar venganza, sino “dejarnos con miedo, aterrorizados y callados”.
La pregunta que el Padre Melo lanzó a los asistentes resonó en la parroquia San Isidro:»¿Nos vamos a dejar derrotar por la decisión de los criminales?». La multitud respondió con un contundente «no».
