La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras se enfrenta hoy a un dilema crucial: resolver sobre las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y la controversia en torno a la amnistía, que muchos expertos consideran una puerta abierta a la impunidad.
La sesión extraordinaria de este viernes despierta suspicacias, no solo por la ausencia de varios magistrados, algunos de los cuales participarán virtualmente, sino también por la posibilidad de que la Corte se pronuncie sobre una ley que ya fue derogada por el Congreso Nacional.
Gustavo Solórzano, abogado, subraya que lo preocupante no es solo el fallo pendiente, sino el hecho de que la Corte podría declarar nulo todo el proceso desde el origen de las ZEDE.
«Esto tendría serias repercusiones económicas para el Estado de Honduras», advirtió.
A pesar de que el recurso interpuesto por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) se centra en el artículo 34, que regula la educación superior, la posible anulación podría extenderse más allá de este aspecto específico.
La reunión de hoy en la CSJ tendrá la atención de todos los hondureños.
Amnistía es una «chabacanada»
Por su parte, el analista Luís León también expresó su preocupación, pero desde un ángulo distinto: la amnistía aprobada recientemente. Para él, esta medida es una «chabacanada» que institucionaliza la impunidad.
«Lo que vemos es que personas sin relación con delitos políticos están siendo liberadas, lo que genera un precedente peligroso para la justicia hondureña», señala León.
Ambos temas: la posible nulidad de las ZEDE y la amnistía, colocan a la CSJ en el centro del debate nacional, en un momento donde la ciudadanía exige respuestas claras y justicia imparcial.
Este contexto de decisiones cruciales y vacíos legales plantea la pregunta: ¿actuará la CSJ con independencia y velará por los intereses del país, o se dejará arrastrar por las presiones políticas?
El populismo y los vacíos legales tras las ZEDE
Para Luís León, la decisión de la Corte sobre las ZEDE parece tener un tinte populista, ya que aborda un tema resuelto con la derogación de la ley.
Sin embargo, la Corte sigue inmersa en la discusión de un marco legal que, según él, ya no existe.
«El país está en medio de un vacío jurídico, y el manejo de estas resoluciones podría estar impulsado más por intereses políticos que por un deseo genuino de justicia», concluye.
