Tegucigalpa – El Supremo hondureño, por mayoría de votos, declaró esta tarde la inconstitucionalidad del Decreto 236-2012 sobre la reforma a los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución, así como el Decreto 120-2013 que contiene la Ley Orgánica de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDEs), con efectos anulatorios por vulnerar artículos pétreos.
– Sobre la determinación de esta tarde por parte del pleno de la CSJ ya no caben recursos en el ámbito local.
– Todos los magistrados votaron por la inconstitucionalidad de las ZEDEs, en tanto la votación para declararlas inconstitucionales desde su origen fue por mayoría, es decir hubo posiciones concurrentes.
El portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Melvin Duarte amplió que la inconstitucionalidad abarca el decreto 236-2012 contentivo de las reformas de los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución de la República que son considerados textos pétreos.
El primero de esos artículos -294- tiene que ver con la organización del territorio nacional, luego el 303 se refiere al sistema de justicia y cómo se aplica en el país, mientras el 329 tiene relación con el régimen económico que debe ser respetado en el territorio nacional.
Agregó que, en ese sentido, primero se declara la reforma a los artículos anteriormente descritos, así como el decreto 120-2013 que es el que contiene la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo de Desarrollo Económico (ZEDEs) con efectos nulatorios, y la razón es por vulnerar el texto pétreo de la Carta Magna.
La nulidad se declara desde el origen del mismo ya que partió sobre una reforma constitucional sobre artículos pétreos, explicó Duarte.
Luego de pronunciarse el fallo sobre las ZEDEs, el pleno de magistrados procedió a tomar un receso para luego conocer el Decreto de Amnistía aprobado en febrero de 2022 y que liberó a varios exfuncionarios del gobierno del derrocado presidente Manuel Zelaya.
Cualquier iniciativa debe basarse en principios legales
A través de su red social X, la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando posteó que “hoy y en este mes de la patria, celebramos un avance importante en la defensa de nuestro Estado de derecho y la soberanía nacional con la derogación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE)”.
Seguidamente, apuntó que “este Poder Judicial reitera su compromiso de velar por el respeto a la Constitución y las leyes, asegurando que cualquier iniciativa de desarrollo económico o inversión esté alineada con los principios fundamentales que rigen nuestra democracia y protegen los derechos de todos los ciudadanos”.
Justicia para el pueblo
De su lado, la presidenta Xiomara Castro expresó que “celebramos y reconocemos la patriótica, histórica, justa y legal decisión de la CSJ, que por mayoría de votos declaró inconstitucional el Decreto 236-2012 sobre la reforma a los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución, así como el Decreto 120-2013 que contiene la Ley Orgánica de las ZEDEs, por vulnerar artículos de nuestra soberanía”.
Castró remarcó que “la justicia para el pueblo hondureño, es no vender nuestro territorio en partes ni privatizar nuestra soberanía”.
El 23 de enero del 2013 el Poder Legislativo aprobó reformar los artículos 294, 303, 304 y 329 de la Constitución de la República, anuencia que fue ratificada el 30 de enero del 2013, creando las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs).
Pero, el 20 de abril de 2022, el Congreso Nacional derogó las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDEs).
Para derogar las Zonas Especiales de Desarrollo se aprobaron dos proyectos relacionados a este polémico decreto.
Todas las bancadas representadas en el Poder Legislativo apoyaron la derogatoria de las ZEDEs luego de prolongados discursos de los representantes de los partidos políticos que componen este poder del Estado.
Uno de los decretos derogó cualquier ley primaria o secundaria, ley orgánica o reformas que, al carecer de validez y legalidad constitucional, esté relacionado con la creación o regulación de las ZEDEs aprobadas por el Congreso Nacional en 2013.
Sin embargo, la derogatoria de las ZEDEs debía ser ratificada en la siguiente legislatura del CN y no se hizo por una prolongada parálisis legislativa.
