Sobre el empresario pesa una acusación reciente por depredación ambiental y sospechas de que ha participado en actos de acoso y violencia contra líderes que se han opuesto a sus proyectos mineros
Lenir Alexander Pérez Solís es un hombre con dos historias que se cuentan en paralelo. Una es la del empresario exitoso, cuyas compañías han crecido sin parar desde hace una década y reciben líneas de crédito millonarios de los bancos regionales. Es la narrativa de un hombre que vio crecer su influencia política durante el mandato de Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño preso en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. La otra historia es la de un potentado que ha utilizado la violencia para expandir sus propiedades y asegurar proyectos de minería que han devastado algunas de las zonas más vulnerables y empobrecidas del país centroamericano.
La segunda historia, la del terrateniente violento, está registrada, sobre todo, en legajos judiciales y en informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) en los que el nombre de Pérez aparece vinculado a señalamientos de haber ordenado seguimientos, acoso e incluso actos de violencia física contra ambientalistas y campesinos en la zona conocida como el Bajo Aguán, en el departamento de Colón, al norte de Honduras.
Y es, en esta versión de la historia del empresario Lenir Pérez, donde aparece el nombre de Juan Antonio López, un líder ambientalista asesinado el 14 de septiembre pasado. Antes de su muerte violenta, López había pasado buena parte de su vida, como líder comunitario y de grupos católicos, denunciando la depredación ambiental provocada por concesiones mineras en la ciudad de Tocoa y los alrededores. Entre los proyectos a los que se opuso con más vehemencia hay uno de extracción de óxido de hierro promovido por Inversiones Los Pinares, una de las empresas de Lenir Pérez.
Antes de ser asesinado, el ambientalista López había pedido la renuncia de Adán Fúnez, el acalde de Tocoa y miembro del partido oficialista, LIBRE. Fúnez ha sido señalado por sus vínculos con el narcotráfico, los que quedaron en evidencia luego de la publicación de un video en el que aparece reunido con un capo que ofrece dinero a Carlos Zelaya, cuñado de la actual presidenta, Xiomara Castro. Fúnez, además, ha sido en Tocoa uno de los principales valedores de Los Pinares, de Lenir Pérez y de los proyectos mineros.
Una investigadora hondureña que habló con Infobae desde el anonimato por razones de seguridad explica así la relación entre el alcalde y el empresario: “Detrás de Adán Fúnez está el cerebro de Lenir Pérez”. El jueves anterior, 26 de septiembre, agentes del Ministerio Público allanaron la casa de Fúnez en el marco de una investigación por el asesinato del ambientalista López.
Dos días antes, la Fiscalía Especial de Medio Ambiente en Tegucigalpa, la capital, había anunciado la apertura de un expediente de investigación a Pérez y otros por posibles daños ambientales atribuidos a las empresas Inversiones Los Pinares y Ecoteck en el parque natural Carlos Escaleras. Ambas empresas son propiedad del empresario Pérez y de su esposa, Ana Facussé, hija de Miguel Facussé, ya fallecido, un poderoso terrateniente en el norte de Honduras a quien diplomáticos estadounidenses alguna vez señalaron de posibles nexos con el narcotráfico por permitir aterrizajes de avionetas cargadas de cocaína en pistas clandestinas dentro de sus propiedades.
Juan Antonio López fue asesinado el 14 de septiembre pasado
Los señalamientos por acoso y violencia contra Los Pinares, hechos por varios campesinos y líderes comunitarios hondureños, se repiten en testimonios ya recogidos por el MP en denuncias anteriores y en al menos dos resoluciones de la CIDH, la última de octubre de 2023.
En la resolución 55/2023, medidas cautelares 137-23, emitida el 5 de octubre pasado, la CIDH pidió protección para López y a otros miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. En ese documento, varios de los líderes amenazados detallan agresiones y amenazas a las que fueron sometidos, según le contaron a la CIDH, por empleados o matones relacionados con Los Pinares.
José Daniel Márquez, por ejemplo, le dijo a la Comisión que el 10 de abril del año pasado recibió dos cartas en la puerta de su casa. En una ellas habían escrito esto: “Ya matamos a dos, vos sos el que seguís”. Un empleado de Los Pinares, dijo Márquez, hacía rondas frente a su hogar día y noche. Juan López aseguró que, a finales de 2022, recibió la visita de un empleado de la empresa de Pérez, quien le dijo: “Andate con cuidado, porque no saben con quién se están metiendo”. Como esos, más testimonios y más antiguos, incluso de algunas víctimas que alegan haber sufrido de amenazas y acoso por empleados de Lenir Pérez al menos desde principios de la década pasada, cuando las empresas relacionadas con el empresario ya tenían varios proyectos mineros en las montañas aledañas a Tocoa.
Un informe preparado para el gobierno británico en enero de 2017 recoge, por ejemplo, el testimonio de Concepción Gutiérrez, quien dice que en julio de 2013 entraron a su casa por la fuerza doce hombres armados al mando de Wilfredo Fúnez, jefe de seguridad del proyecto minero Buena Vista 1, también vinculado a Lenir Pérez.
A Juan López, el ambientalista asesinado el 14 de septiembre pasado, matones a los que él en su momento relacionó con Fúnez y Pérez, lo habían amenazado constantemente. Fue la muerte de López la que provocó, en pocas horas, la reacción del Ministerio Público hondureño, que después de casi una década de haber recibido las primeras denuncias contra empleados de Lenir Pérez, le abrió una investigación formal por depredación ambiental y allanó la casa del alcalde Fúnez.
Infobae consultó al MP si las dos investigaciones, la del asesinato de Pérez y la abierta a Inversiones Los Pinares y Ecoteck, están relacionadas, pero no hubo una respuesta oficial. Dos investigadores hondureños, relacionados ambos con la inteligencia policial, sí aseguraron que la relación existe y que la acusación ambiental es solo el principio de una pesquisa más amplia que sí llega hasta la muerte del ambientalista. Infobae intentó contactar al empresario y al alcalde Fúnez pero no hubo respuesta.
Lenir Pérez (derecha) saluda al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, durante un acto oficial; compañías de Pérez fueron beneficiadas con concesiones para la administración del principal aeropuerto de Honduras durante la gestión de Hernández
El empresario que financió a JOH y llamó la atención del FBI en Estados Unidos
Lenir Pérez tuvo días mejores. Años muy buenos en realidad. La participación de una de sus empresas en la administración y construcción del nuevo aeropuerto internacional de Palmerola, en el centro de Honduras, a partir de 2016 lo pusieron en el mapa regional y le abrieron las puertas para participar en otras concesiones aeroportuarias.
Antes, Pérez había trabado relación con Juan Orlando Hernández, entonces presidente hondureño, y, al cabo de un tiempo, obtener una concesión por 30 años de la terminal aérea.
En 2016, cuando inició su relación contractual con el gobierno hondureño a través de Palmerola, Alutech reportó activos por USD 32 millones de acuerdo con documentos registrales en poder de Infobae. Para 2017 tenía abiertas líneas de crédito con varios bancos, ente ellos Banco Promérica, por hasta USD 10 millones.
La mayor parte de los negocios emprendidos desde entonces los hacía Lenir Pérez bajo la sombrilla de Alutech, la empresa que fundo junto a su esposa y de la que ambos fueron únicos representantes durante años. Alutech terminó absorbiendo otras empresas menores, como EMCO y Honduras Business, mientras sus dueños seguían creando otras compañías para expandirse en rubros como la minería, sobre todo en la zona del Bajo Aguán, en el noreste hondureño.
Ya para 2021, tras los cierres por la pandemia de Covid-19, Alutech era cliente importante de la Bolsa de Valores en El Salvador. El 7 de julio de 2021, Pérez y Alutech dieron un poder especial a la hondureña Denise Eliana Villegas Paz para que negociara créditos en la bolsa salvadoreña hasta por USD 60 millones.
Villegas Paz es también proveedora del estado hondureño al menos desde 2022 según el registro de inscripción 3490-2022 emitida por la Oficina de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
La relación entre Alutech, de la que Villegas Paz es empleada y gestora de fondos y Lenir Pérez propietario, y el gobierno de Honduras, sin embargo, ha sido tensa. Una de las primeras cosas que la administración Castro hizo tras asumir el poder en enero de 2022 fue anunciar que revisaría la concesión del aeropuerto de Palmerola. En el congreso hondureño incluso se creó una comisión especial a tal efecto. Hasta ahora la concesión sigue vigente.
A pesar de estas tensiones políticas y de los múltiples señalamientos de que han sido él y sus empleados los arquitectos del abuso y el acoso a ambientalistas que se oponen a sus proyectos mineros en el norte hondureño, Pérez había logrado pasar de largo ante la justicia hondureña. Fue en Florida, Estados Unidos, donde recibió por primera vez la visita formal de agentes policiales.
En mayo de 2023, agentes del estadounidense Buró Federal de Investigación (FBI) tocaron las puertas de una casa que Pérez tiene cerca de Miami. De acuerdo con un abogado del empresario hondureño, la causa de la visita estaba relacionado con Inversiones Los Pinares, la misma empresa por la que el Ministerio Público de Honduras ha abierto una pesquisa formal a Pérez, la misma que es mencionada como empleadora de matones que han amenazado a varios activistas ambientales, entre ellos a Juan López, recién asesinado.
“No ha sido arrestado. Es solo un interrogatorio relacionado con una compañía que ha estado vinculada al grupo (empresarial de Pérez)… La multinacional Nucor estuvo asociada al menos dos años con un proyecto minero en Honduras conocido como Pinares, del que Lenir Pérez es socio”, dijo a medios hondureños un abogado del empresario.
Por ahora, el interrogatorio en Estados Unidos no ha pasado a más. En Honduras no había, hasta hace poco, investigaciones formales a Lenir Pérez y sus empresas. Eso ha cambiado tras el asesinato de Juan López, el ambientalista que denunció la depredación ambiental atribuida a una de las compañías mineras de Pérez.
