El más reciente informe antidroga del Departamento de Estado de Estados Unidos de 2024, señala que Honduras necesita hacer enormes esfuerzos para disminuir la penetración del crimen organizado, en especial del narcotráfico, en aquellas “zonas sin ley” en donde los narcotraficantes y delincuentes transnacionales siguen operando sin mayor control y en donde la corrupción sigue floreciente y la instalación del estado de excepción ha desviado la atención hacia las políticas antidrogas al disminuir los recursos.
Honduras, señala el informe de marzo de 2024, sigue siendo un importante país de tránsito de cocaína con destino a Estados Unidos, las operaciones antidroga siguen dando resultados limitados y afectan marginalmente a la creciente actividad de narcóticos en los espacios no gobernados en algunas regiones del país, entre ellos los departamentos de Colón y Gracias a Dios.
El informe llama la atención sobre el aumento del uso de drogas sintéticas en las calles hondureñas, en donde la droga, el almacenamiento y la destrucción de precursores químicos de la cocaína siguen siendo desafíos inmensos para el país.
También advierte que el clima de incertidumbre que vive el país “crea un entorno operativo más propicio sobre organizaciones criminales transnacionales y los narcotraficantes operan con impunidad”.
El informe destaca que, en diciembre de 2022, la presidenta Castro instituyó un estado de excepción específico para combatir la extorsión y lo ha extendido y ampliado continuamente “sin indicar cuándo lo levantará”. “Los escasos recursos policiales y militares y los problemas de personal han desviado la atención de operaciones antidrogas a quienes apoyan el estado de excepción”.
Si bien el gobierno de la presidenta Castro afirma que la lucha contra los narcóticos es una de sus principales prioridades, sin embargo, “las operaciones antinarcóticos interrumpen mínimamente la creciente presencia de narcotraficantes, en parte debido a la falta de coordinación interinstitucional y a desafíos geográficos y de personal, particularmente en los departamentos de Colón y Gracias a Dios, donde la presencia policial es extremadamente limitada”, señala el informe.
Fuentes del gobierno de Honduras estiman que llegan entre 80 y 120 toneladas de cocaína anualmente al país, pero, fuentes externas indican que la cantidad real de drogas traficadas a través de los mercados ilegales por la parte nororiental del país es mucho más alta, apunta el documento.
El informe antidroga del Departamento de Estado de Estados Unidos aborda también el tema de la corrupción y señala que ésta sigue con impunidad en el sistema de justicia. Ello es de particular preocupación, asegura, ya que reduce los riesgos para que los narcotraficantes se enfrenten a la justicia. La corrupción sigue estando muy extendida en el sector público y privado, estos sectores impiden que prosperen los esfuerzos de interdicción y enjuiciamiento, sostiene. Resalta la “sorpresiva” remoción que se hiciera del juez de jurisdicción nacional que había manejado la mayoría de los casos del crimen organizado, en especial de aquellas centradas en las mafias del narcotráfico.
Se citan los esfuerzos por instalar una Comisión de lucha contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (CICIH), la llegada de los expertos de las Naciones Unidas para preparar un informe al secretario general de la ONU y el estado en que se encuentran esas negociaciones. “Si bien la administración Castro ha hecho repetidas afirmaciones de establecer la CICIH, la ONU ha aclarado que todavía está en el proceso de determinar cómo funcionará la comisión, como operaría”, sostiene el informe.
En la lucha contra las drogas por parte del gobierno de Honduras, el documento elaborado por Estados Unidos llama la atención también sobre dos puntos estratégicos para un combate efectivo: los problemas de comunicación interinstitucional y una limitada información pública sobre el consumo de drogas.
Sin apoyo ni voluntad política
En el primer punto destaca que la falta de comunicación interinstitucional y de financiamiento siguen afectando la lucha contra las drogas, que producto del estado de excepción se han debilitado recursos hacia agencias claves responsables de canalizar información y operaciones determinantes para frenar el avance de las mafias del narcotráfico. A ello se suma, la inestabilidad política e incertidumbre que han afectado negativamente a la población hondureña.
El gobierno de Honduras, sostiene, ha logrado algunos avances en su estrategia contra las drogas y en su estrategia institucional, resaltando las acciones de la subsecretaría de Seguridad al liderar 25 instituciones para poner en marcha un plan nacional contra el crimen organizado, con apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, así como la creación de una Coalición contra el uso ilícito de Precursores y Sustancias Químicas que se centra en la administración, investigación y regulación de precursores y sustancias químicas. Esta Coalición está integrada por al menos 36 instituciones.
Un mecanismo que resalta el informe como apoyo estratégico en el combate de la lucha contra las drogas, es el Centro Conjunto de Operaciones e Investigación (CCOI) creado en 2020, como centro de fusión para coordinar interagencialmente la respuesta del Estado al tráfico ilícito, terrestre y marítimo de drogas.
Sin embargo, “los escasos recursos y la falta de voluntad política, funciones y responsabilidades ambiguas han impedido un pleno funcionamiento de la CCOI”. Honduras, recuerda el informe, es parte de la Organización de Estados Americanos para el Control Interamericano del Abuso de Drogas, además de la Comisión y el Acuerdo Regional del Caribe sobre Antinarcóticos Marítimos y ratificó la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal.
El otro aspecto, relacionado con la información pública, prevención y tratamiento, señala que la información pública sobre el consumo de drogas es limitada. El Observatorio Hondureño de Drogas nunca llevó a cabo una encuesta de población general sobre el uso de drogas ilegales y los informes de drogas callejeras. La información que sale de las ventas o “microtráfico” siguen siendo conjeturas del boca a boca, hasta hace poco las autoridades habilitaron una unidad que se centra exclusivamente en el microtráfico de drogas, apunta el informe.
Se presume que los hondureños consumen principalmente marihuana, cocaína y “crack”, en tanto, las pandillas siguen siendo consideradas como un problema importante que contribuye a la participación de los jóvenes en el tráfico de drogas, lo que genera violencia e inseguridad. Resaltan el apoyo de Estados Unidos en programas de educación y capacitación sobre resistencia a las pandillas que en el 2023 abarcó a unos 39 mil estudiantes con información sobre el peligro de las drogas.
El informe antidroga toma nota sobre las acciones de las autoridades hondureñas en la erradicación de sembradíos droga, al indicar que durante los primeros nueve meses de 2023 aproximadamente 194 hectáreas de campos de coca (más de 5.5 millones de arbustos de coca) fueron erradicados, así como 14 laboratorios de drogas rudimentarios, en comparación a las 36 hectáreas (1.5 millones de arbustos) y 15 laboratorios destruidos en el 2022.
En estas acciones hacen hincapié en la cooperación de la Policía Fronteriza, la Unidad de Investigaciones Sensibles (SIU), las fuerzas especiales y las Fuerzas Armadas de Honduras. Indica que al menos unas 33 personas fueron condenadas por cargos agravantes de tráfico de drogas, pero que de los 3,369 arrestos que reportaron las autoridades policiales, se desconocen las condenas.
El informe antidrogas del mes de marzo de 2024, abordaba el convenio de extradición que existía entre Honduras y Estados Unidos y como éste ha servido a la labor de lucha contra el narcotráfico. El gobierno de la presidenta Castro denunció a fines de agosto de 2024, el tratado de extradición por considerar que atentaba a la soberanía y podría ser utilizado por Estados Unidos con fines políticos para aplicar “justicia selectiva”.
Esa determinación ha tensado un poco las relaciones con Washington y recientemente la ministra de Defensa, Rixi Moncada, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, viajaron a Estados Unidos para abordar temas de cooperación bilateral en materia de lucha antidrogas, y se presume que uno de los puntos a abordar sería el tema de la extradición.
El 12 de octubre, en el marco de la ceremonia de ascensos militares, y tras su retorno de Washington, tanto la ministra de Defensa como el jefe del Estado Mayor Conjunto, emitieron sendos discursos de defensa de la soberanía, de principios de independencia y del poder de las oligarquías. La ministra de Defensa dijo que la gira fue productiva, que Honduras seguirá trabajando en la lucha contra las drogas con “responsabilidad y sin justicia selectiva”, en una alusión al tratado de extradición.
Al margen del rumbo que puedan llevar estas relaciones bilaterales en materia de lucha contra las drogas, el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos concluye que: “Las autoridades de Honduras necesitan cerrar una brecha de seguridad cada vez mayor en las zonas sin ley del país que lo narcotraficantes y los delincuentes transnacionales siguen explotando”.
“Las acciones futuras deberían centrarse en completar el desarrollo de la estrategia hondureña contra el crimen organizado, mejorar la coordinación interinstitucional en apoyo a las operaciones antidrogas, aclarando el papel de la CCOI y la misión, internalizando las recomendaciones de las Naciones Unidas sobre la destrucción de drogas y productos químicos incautados, mejorando las capacidades de investigación y el intercambio de información”.
fortalecer las capacidades terrestres, aéreas y capacidades de interdicción marítima, así como tomar medidas “significativas” para contrarrestar la corrupción.
