En una declaración conjunta, los empresarios hondureños abogan por que las elecciones de 2025 sean confiables, participativas y transparentes. También expresan su preocupación por la denuncia del Tratado de Extradición con Estados Unidos.
El sector privado hondureño sugirió este miércoles que, si el Congreso Nacional aprueba la Ley de Justicia Tributaria, lo haga con el objetivo de atraer inversión y generar empleos, un tema que consideran prioritario para el país.
«Nuestro comentario es que se apruebe una ley de justicia tributaria que genere empleo y cree condiciones para seguir invirtiendo en Honduras», afirmó Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), en una conferencia tras dar lectura a una declaratoria conjunta del sector.
Gallardo mencionó que el sector empresarial ha estado abierto a revisar el proyecto de ley y aportar sus ideas.
«Si se aprueba esta ley, que sea en beneficio de quienes estamos invirtiendo en el país, de quienes generamos empleo y de quienes buscamos evitar la migración de jóvenes a otros países», enfatizó la dirigente empresarial.
El proyecto del Poder Ejecutivo para la Ley de Justicia Tributaria, que busca eliminar exoneraciones fiscales a varias empresas, fue sometido a discusión en el Congreso Nacional el martes 15 de octubre.
Algunos diputados de oposición han denunciado que el Legislativo buscaría aprobar la ley con 65 votos, pero el presidente del Congreso, Luis Redondo, no descartó someter el tema a una consulta popular si el proyecto no recibe apoyo mayoritario.
Propuestas clave por Honduras
En la declaratoria, el sector privado propuso que la creación de empleo debe ser una prioridad nacional. Por lo tanto, debe haber unidad entre el gobierno y el sector civil para lograr este objetivo y evitar la migración de hondureños.
«El empleo digno es el principal generador de bienestar y la solución más eficaz contra la pobreza y la migración. El sector privado asume este reto, entendiendo que es esencial que el Estado y la sociedad civil colaboren en una estrategia decidida y unificada», señaló.
La empresa privada enfatizó que el fortalecimiento de la inversión, tanto nacional como extranjera, debe ser un objetivo compartido. Esto incluye asegurar un entorno de seguridad jurídica, reducir la burocracia, mejorar la infraestructura y mantener la estabilidad macroeconómica que permita competir con otros países de la región.
Otra de las propuestas de los empresarios es la defensa de la democracia y la garantía de un proceso electoral confiable, participativo y transparente en 2025.
«La democracia es la base de una sociedad libre y próspera. En un contexto donde la confianza en los procesos electorales está amenazada en países cercanos, hacemos un llamado al Gobierno de Honduras y a todas las instituciones involucradas para garantizar que el próximo proceso electoral sea transparente, confiable y justo», expusieron.
También consideraron que «es imprescindible que se respete la voluntad del pueblo hondureño y que el proceso se guíe con los más altos estándares de imparcialidad y justicia».
Elecciones en Honduras
Honduras celebrará elecciones primarias el 9 de marzo de 2025, en las que los partidos con mayor membresía electoral, como Libre, el Partido Liberal y el Partido Nacional, elegirán a sus candidatos a presidente, diputados y alcaldes.
Los candidatos seleccionados participarán junto a otros aspirantes de diferentes partidos en las elecciones generales, que se llevarán a cabo el último domingo de noviembre. En este proceso, se elegirán las autoridades del país para el período 2026-2030.
Preocupación por posible fin a las extradiciones
Entre otros puntos, los empresarios expresaron preocupación por diversas temáticas, como la denuncia del convenio de extradición con Estados Unidos, “ya que esto compromete la lucha contra el crimen organizado”.
Por ello, el sector instó al Gobierno a dialogar con los distintos sectores sobre este tipo de decisiones, que pueden afectar negativamente la imagen del país.
