La reciente autorización a la ministra de Defensa, Rixi Moncada, para realizar compras y contrataciones directas sin licitación pública es una decisión alarmante y peligrosa para la democracia hondureña. Este poder absoluto, otorgado bajo el supuesto “Plan de Solución Contra el Crimen,” plantea serias preguntas sobre la transparencia y el buen uso de los recursos públicos. Moncada, además de ministra, es precandidata presidencial del partido en el poder, un claro conflicto de intereses que compromete la credibilidad y confianza en nuestras instituciones públicas, especialmente cuando las Fuerzas Armadas tienen un rol fundamental en el proceso electoral.
Las Fuerzas Armadas de Honduras, una institución cuyo mandato constitucional es proteger la soberanía, velar por el libre sufragio y la alternabilidad en la presidencia, se ve ahora en una posición comprometida. La ministra Moncada, como líder de Defensa, maneja una institución crucial para la seguridad del proceso electoral, que incluye la custodia y el transporte de material electoral. ¿Qué credibilidad puede ofrecer este gobierno en materia electoral cuando la propia ministra de Defensa es precandidata de un partido en el poder?
Este conflicto de intereses no solo es evidente, sino que erosiona la confianza del pueblo hondureño en la imparcialidad del proceso electoral. Estamos a solo cinco meses de las elecciones primarias, y el pueblo necesita certeza de que sus instituciones trabajan para el bien común y no para servir a una agenda particular.
El pueblo hondureño merece instituciones que defiendan la democracia y no que trabajen al servicio de agendas partidarias o personales. Honduras necesita un proceso electoral justo y libre de presiones, y no podemos permitir que el abuso de poder y los conflictos de interés perjudiquen la confianza en nuestras instituciones. Es momento de que el gobierno rectifique y devuelva al país el respeto por la transparencia y la justicia.
Ejército Ciudadano de Paz
