La ministra de Defensa y precandidata presidencial por el partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, defendió la legalidad de las compras directas, pues según ella, son “necesarias para la seguridad del pueblo”. Estas adquisiciones, indicó, serán destinadas a proyectos como la construcción de un “Centro de Reclusión de Emergencia, radares, sistema de comunicación, cámaras hiperbáricas, reparación de aeronaves y la pista en Gracias a Dios”.
La reciente publicación del acuerdo ejecutivo 190-2024 en el Diario Oficial La Gaceta, por el cual la presidenta Xiomara de Zelaya otorga a Moncada poder para realizar contrataciones directas, generó controversia. Entre los críticos se encuentra el precandidato presidencial Jorge Cálix, quien expresó su preocupación por las implicaciones del acuerdo.
Cálix, aspirante por el Partido Liberal, calificó el acuerdo como “una carta abierta para robar” y cuestionó la necesidad de otorgar a la Secretaría de Defensa, bajo el mando de una precandidata presidencial, tanta libertad para realizar compras. Señaló que Moncada debe presentar su planilla para las elecciones internas el 8 de noviembre, lo que, a su juicio, plantea dudas sobre los verdaderos fines de estas contrataciones.
Durante una intervención pública, Cálix preguntó qué justifica que las Fuerzas Armadas necesiten recurrir a compras directas. Las declaraciones del diputado alimentaron el debate en torno a la gestión de Moncada y su rol en el proceso electoral.
Horas después, la ministra Moncada emitió un comunicado en el que ofreció detalles sobre la necesidad de estas adquisiciones, y declaró que “el traidor está descalificado”. El documento subraya que las compras directas están alineadas con el Plan de Solución Contra el Crimen, aprobado en junio pasado, que instruye a la Secretaría de Defensa a dotar a las Fuerzas Armadas de las herramientas necesarias para combatir el tráfico de drogas.
El comunicado aclara que las compras seguirán los principios de “legalidad, transparencia y rendición de cuentas” y se realizarán de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley de Contratación del Estado. Se destaca que el acuerdo presidencial fue aprobado y publicado con la autorización de la presidenta Xiomara de Zelaya, en su calidad de Comandante General de las Fuerzas Armadas.
Entre los proyectos a ejecutar se incluye la reparación y adquisición de radares para vigilar el espacio aéreo y marítimo, además de la modernización del sistema de comunicaciones militares, la rehabilitación de la pista aérea en Gracias a Dios, y el refuerzo de la Base Naval de Caratasca con nuevas fuentes de energía.
Asimismo, el plan contempla la creación de una fuerza de tarea especial en el Mar Caribe y la reparación de helicópteros y aviones en mal estado. También está prevista la construcción de la primera etapa del Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) en una zona remota entre Olancho y Gracias a Dios, que alojará a dos mil líderes de maras y pandillas.
El comunicado hace referencia a la Tasa de Seguridad, que entre 2012 y 2022 destinó 28 mil millones de lempiras a compras directas bajo un esquema de secretividad. Asimismo, menciona la adquisición de radares y otros equipos comprados a empresas israelíes por más de cinco mil millones de lempiras, muchos de los cuales, según el documento, se encuentran en mal estado.
Finalmente, el comunicado asegura que “el acuerdo presidencial para compras directas será aplicado con plena transparencia”, cumpliendo con todas las normativas legales y técnicas, y estará orientado a defender la soberanía nacional frente al narcotráfico y el crimen organizado.
