Tegucigalpa – Alejandra Fuentes, asesora legal de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) se apersonó hoy al Ministerio Público (MP) para presentar una denuncia por compras irregulares de medicamentos por parte del gobierno de Honduras.
“Hemos detectado irregularidades en las compras directas realizadas por la Secretaría de Salud con costos elevados en los medicamentos”, expuso la asesora legal.
La denuncia solicita que el Ministerio Público inicie una investigación oportuna, efectiva y eficiente y que investigue si estas compras se realizaron bajo los parámetros de competencia y legalidad, explicó.
En ese contexto, pidió que se tomen las acciones administrativas y penales para castigar a los culpables.
Acotó, que se trata de varias compras, algunas ascienden hasta los 30 millones de lempiras, agregó.
Recordó, que el estado de emergencia son los que habilitan las compras directas y en Honduras se decretó desde el año 2022, se prorrogó en el 2023 y sigue prorrogado este 2024.
Un informe de ASJ presentado recientemente en Tegucigalpa revela que existen inconsistencias, retrasos y sobrecostos por más de 95 millones de lempiras en compras de medicamentos.
Algunos proveedores adjudicados presentaron precios más de un 500 % superior a los obtenidos en otros procesos de compra directa, denunció la ASJ en su informe.
El informe revela inconsistencias, retrasos y sobrecostos por más de 95 millones de lempiras, afectando el suministro de medicamentos esenciales, la eficiencia, la transparencia y el derecho a la salud de la población más vulnerable.
Tras la eliminación del fideicomiso para la compra de medicamentos en 2022, el gobierno ha gestionado las adquisiciones mediante compras directas bajo el marco de la “emergencia sanitaria”. No obstante, el análisis de ASJ destaca deficiencias significativas en estos procesos, incluyendo un aumento en los precios de al menos 30 medicamentos, lo que ha generado un sobrecosto superior a los L.95 millones, evidenciando la necesidad de mejorar la eficiencia y competitividad en los procesos de contratación.
En mayo de 2024, ASJ advirtió sobre los retrasos y riesgos de desabastecimiento debido a la falta de adjudicación y firma de contratos, específicamente en el proceso LPN-08-2023, que inició el 24 de octubre de 2023 y que según la Secretaría de Salud seguía en proceso para el 17 de abril de 2024. Con la participación de 36 empresas ofertantes, de los 383 medicamentos solicitados, sólo 252 fueron adjudicados a 21 proveedores, mientras que 34 partidas quedaron desiertas y 97 fueron rechazadas por incumplimientos técnicos, financieros o legales.
El análisis revela que 34 medicamentos esenciales, críticos para tratar condiciones graves como el cáncer y arritmias, entre otros, no fueron adjudicados, lo que representa un riesgo considerable para los pacientes que dependen exclusivamente del sistema público de salud.
Un aspecto clave del informe es la comparación de precios entre la licitación LPN-08-2023 y procesos de compra anteriores. El análisis reveló que, en comparación con la compra directa de 2022, el 52 % de los medicamentos se adquirió a un precio más alto. En relación con la compra directa de 2023, el 38 % de los medicamentos presentó un aumento por sobrecosto. Al compararse con el fideicomiso, el 42 % de los medicamentos también resultó más costoso.
Por otro lado, el plan de entrega de los medicamentos presenta demoras de acuerdo con los contratos firmados, con entregas fraccionadas en nueve momentos, lo que impacta en el abastecimiento de medicamentos esenciales para la población.
Con base en lo anterior, la ASJ a través de su equipo legal procedió a interponer una denuncia ante el MP para que se investiguen las compras de medicamentos realizadas en el año 2023.
