El empresario del transporte Jorge Lanza detalló que cada mes se paga entre 250 y 300 millones de lempiras en extorsión a maras, pandillas y otros grupos delictivos.
Grupos criminales han comenzado a exigir a los empresarios del transporte «el pago» del décimo tercer mes de salario, conocido comúnmente como el aguinaldo de diciembre, según denuncias de dirigentes del sector, que también cuestionan la efectividad del estado de excepción implementado para combatir la extorsión.
«Para estas fechas, algunos grupos pedirán el aguinaldo. Siempre piden para el tamal, como lo hacen en Semana Santa y la Semana Morazánica para el pescado y las vacaciones», expresó el empresario Jorge Lanza en Noticieros Hoy Mismo de TSi.
Lanza detalló que mensualmente los transportistas pagan entre 250 y 300 millones de lempiras a maras, pandillas y otros grupos delictivos que han surgido y se han acostumbrado a vivir del dinero ajeno.
«Este es un flagelo horrible donde ya no se tiene paz. Hay que estar entregando el dinero a esta gente, y ni siquiera se sabe a quién se le paga. La extorsión continúa, y tenemos que ceder para salvaguardar la vida de nuestros empleados y la nuestra», señaló.
Jorge Lanza también cuestionó que la extorsión siga creciendo, a pesar de las acciones de las autoridades de Seguridad para erradicar el delito.
«Las autoridades prácticamente han dejado crecer el mal de manera desmedida, y ya no hay forma de pararlo», agregó.
El transportista también se preguntó sobre el destino del dinero decomisado a extorsionadores detenidos. «Está igual que la extorsión: uno entrega el dinero a los conductores, ellos lo pasan a otras personas, que lo entregan a quien lo recoge en una terminal, y nunca se sabe en qué manos termina», explicó.
En ese sentido, Lanza sugirió que el dinero decomisado a extorsionadores sea destinado a crear un fondo para la compra de equipos tecnológicos para los autobuses.
Pago de aguinaldo a extorsionadores
Por su parte, el también transportista Wilmer Cálix aseguró a otro medio de comunicación que en diciembre pagarán al menos 12 millones de lempiras en extorsión a organizaciones criminales.
Cálix lamentó que, a pesar de que el gobierno implementó el estado de excepción desde finales de 2022 para combatir la extorsión y delitos relacionados, el flagelo persiste.
«El estado de excepción no tiene la fuerza que esperábamos», expresó.
Esta medida, que suspende parcialmente las garantías constitucionales, estará vigente hasta el 5 de enero de 2025, después de que el gobierno decidiera ampliarla por 45 días más, a partir del 21 de noviembre.
