Dan 6 años de cárcel a expresidente boliviano por aprobar ilegalmente contratos petroleros
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia sentenció a seis años y tres meses de cárcel al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado por el oficialismo de causar daños al Estado con la aprobación de más de un centenar de contratos con petroleras multinacionales sin el aval del Parlamento nacional.
El Ministerio de Justicia celebró en un comunicado difundido este martes la «histórica sentencia» emitida en el caso, conocido como ‘Petrocontratos’, que se dictó dentro de un juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) y tres exministros.
La institución aseguró que el juicio se efectuó con el propósito de «combatir la impunidad en delitos de corrupción que afectaron gravemente la soberanía, el patrimonio e intereses del país en gestiones pasadas, pretendiendo imponer un modelo neoliberal, esencialmente capitalista y mercantilista en el manejo de la economía».
Además de Sánchez de Lozada, fueron sentenciados a cinco años de cárcel los exministros Jorge Berindoague, Carlos Alberto Contreras y Carlos Alberto López, por los delitos de «conducta antieconómica e incumplimiento de deberes».
«Estos delitos se cometieron al suscribir 107 contratos de comercialización, exploración y explotación de hidrocarburos, sin la autorización del entonces Poder Legislativo, en franca violación a la normativa constitucional y legal vigente en el momento de los hechos acusados», mencionó el ministerio.
EL TSJ dispuso que cumplan las penas dispuestas en la cárcel de Chonchocoro, en el Altiplano de La Paz, y también les inhabilitó para ejercer la función pública por cinco años.
El ministerio indicó que el fallo judicial es un «acto de justicia esperado y ansiado» largamente y también «habilita la posibilidad de iniciar el proceso de extradición de los sentenciados», que están fuera del país.
Sánchez de Lozada, de 94 años, vive en Estados Unidos desde 2003, cuando renunció a la Presidencia y salió de Bolivia en medio de la convulsión social conocida como el ‘octubre negro’ que se saldó con más de 60 muertes.
Esas muertes ocurrieron durante la represión militar y policial de la revuelta social contra la decisión del exgobernante de exportar gas natural boliviano a Estados Unidos a través de un puerto chileno.
El caso ‘Petrocontratos’ investigó a las exautoridades por haber supuestamente favorecido a trasnacionales petroleras causando un daño económico al Estado al haber aprobado contratos petroleros sin la autorización del Congreso.
La primera acusación en este caso fue presentada en 2005 por el expresidente Evo Morales (2006-2019) cuando era diputado y fue aprobada por la mayoría oficialista en el Legislativo en 2010.
En 2015, la Fiscalía General del Estado presentó una acusación formal ante el TSJ contra Sánchez de Lozada y los exministros.
La acusación también alcanzó al expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), aunque luego fue excluido del proceso por una amnistía otorgada por Morales en 2018 para que colabore libremente en la centenaria reclamación marítima boliviana ante Chile.
Quiroga siempre rechazó la acusación y aseguró ser perseguido por el entonces Gobierno de Morales.
El Ministerio de Justicia señaló que la amnistía otorgada por Morales a Quiroga «siempre merecerá cuestionamientos históricos». EFE.
