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Exdiputado se entrega tras ser requerido por compra fraudulenta de medicamentos en Hospital del Sur

El pasado 20 de noviembre, el Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) logra auto de formal procesamiento contra cinco acusados en el caso relacionado al desvío de millones de lempiras entre 2009 y 2012 destinados para medicamentos en el Hospital Regional del Sur, en Choluteca.

El juez en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción dictó el auto de formal procesamiento a Carlos Alberto Gonzáles y María Nieves Martínez Cárdenas por el delito de fraude, uso y falsificación de documentos públicos; Vinicio David Monterrosa Samayoa, exgerente administrativo de la Secretaría de Salud por violación de los deberes de funcionarios; los representantes de Astropharma S.A.: Marco Tulio Gutiérrez y Gilberto Lezama Toro, por fraude a titulo de cooperador necesario.

La audiencia preliminar quedó señalada para el 12 de diciembre de 2024 a las 10 de la mañana.

También son acusados en este caso: Carlos Alberto González Flores, Juan Pastor Rodríguez Molina; Hernán Enrique Vindel Mourra; Martha Lidia Girón; Gustavo Armando Avelar Aguilar y Moisés Torres López (funcionarios de Salud). Los delitos imputados van desde fraude, falsificación de documentos públicos y violación de los deberes de los funcionarios.

Según las investigaciones, estas personas habrían manipulado los procesos de licitación y simularon la participación de otras empresas. También, fraccionaron los contratos para evadir la licitación pública, asegurando que Astropharma S.A obtuviera 50 contratos de compras y se beneficiara de manera irregular con más de 20 millones de lempiras (L 20,430,466.38).

Además, empleados del Hospital del Sur alteraron actas de recepción y falsificaron registros para encubrir los incumplimientos de Astropharma S.A. en los plazos de entrega de medicamentos establecidos en el contrato, evitando una multa de casi L 13 millones, provocando un perjuicio total de L 33.4 millones (L 33,403,166.38). Documentos financieros señalan que la empresa pagó sobornos para asegurar su favoritismo en contratos, evidenciando, así como la salud de los hondureños fue usada como moneda de cambio para beneficiar a un grupo.

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