La Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) emitieron este miércoles una alerta pública sobre lo que consideran designaciones y traslados irregulares de jueces y magistrados dentro del Poder Judicial en Honduras.
Según ambas organizaciones, estas acciones estarían afectando la independencia judicial y violando principios constitucionales.
César Espinal, coordinador del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción (OPCA) del CNA, denunció que estas decisiones han vulnerado los estándares internacionales y las garantías constitucionales. “Hay nombramientos, traslados y destituciones de jueces y magistrados que consideramos que son objetivos de tinte político para concentrar el poder y control del mismo”, declaró.
El representante del CNA subrayó que el propósito de este pronunciamiento es informar a la ciudadanía sobre los actos presuntamente irregulares cometidos por el Poder Judicial, los cuales calificó como “acciones al margen de la ley”.
Espinal advirtió que estos movimientos parecen tener como finalidad posicionar a personas sin los méritos necesarios en puestos estratégicos, mientras que jueces de carrera son desplazados a cargos administrativos o enviados a regiones remotas. “Lastimosamente estas malas prácticas dejan en evidencia actos que más que todo se dan en el marco de corrupción, puesto que ponen en precario el buen funcionamiento del Estado de Derecho”, señaló.
El coordinador indicó que la situación afecta directamente a la independencia judicial, una garantía que debe ser respetada según la Constitución y los acuerdos internacionales suscritos por Honduras. En este contexto, destacó que los procesos señalados implican alrededor de 24 casos entre nombramientos, traslados y destituciones.
Espinal explicó que algunos de los jueces afectados ya han presentado impugnaciones para defender sus derechos y recuperar sus cargos. Estas acciones legales buscan revertir decisiones que, según el CNA, carecen de justificación y responden a intereses políticos o particulares.
Asimismo, denunció que los movimientos en el Poder Judicial parecen responder a un esfuerzo por controlar circuitos judiciales clave. Hay intereses particulares por tener un mayor control en el circuito de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción, zanjó.
Según el abogado, estos cambios representan un retroceso para el Estado de Derecho en Honduras y crean un clima de incertidumbre en torno a la labor de los jueces. La centralización del poder en el Poder Judicial, advirtió, pone en riesgo la confianza pública y la imparcialidad de las decisiones judiciales.
Finalmente, las organizaciones instaron al Poder Judicial a garantizar procesos transparentes y basados en el mérito para las designaciones de jueces y magistrados, al tiempo que hicieron un llamado a la comunidad internacional para que preste atención a lo que consideran un deterioro del sistema judicial en el país.
