Un informe de inteligencia de la propia Policía Nacional de Honduras ha revelado la protección de un narcolaboratorio en La Cumbre de La Iguala por parte de altos funcionarios policiales, tanto en activo como retirados.
Este laboratorio, vinculado al cartel del expresidente Juan Orlando Hernández, fue intervenido en 2014, pero la investigación fue bloqueada por una red de oficiales que impidieron descubrir a los verdaderos responsables.
Según el informe, al menos cuatro oficiales de la Policía Nacional protegieron a los colombianos Rubén Darío Pinilla y Fredy Hernán Roldán Jiménez, encargados del narcolaboratorio. Entre los implicados figuran Josué Constantino Zavala Laínez, Mauricio Hernández Pineda, Javier Francisco Leiva Gamonedo, Kenneth Obdulio Sabillón Flores y José Edgardo Ayala López. La investigación también menciona a Gustavo Sánchez Velásquez, actual ministro de Seguridad, como encubridor del robo de evidencias decomisadas en el laboratorio.
El informe establece que el narcolaboratorio estaba gestionado por Tony Hernández, hermano del expresidente Hernández, ambos condenados por narcotráfico en Estados Unidos. A pesar de que la operación antidrogas de 2014 logró decomisar droga y detener a dos ciudadanos colombianos, la intervención de altos mandos policiales y fiscales corruptos permitió que el caso fuera archivado y los detenidos liberados tras el pago de sobornos.
Las conexiones de los implicados van más allá del narcotráfico. Algunos de los oficiales señalados en el informe también han sido vinculados con el asesinato del zar antidrogas Julián Arístides González en 2009, así como con otros crímenes relacionados con la protección del narcotráfico en Honduras.
Este informe vuelve a poner en evidencia la profunda infiltración del crimen organizado en las instituciones hondureñas y genera dudas sobre el actual gobierno, en el que algunos de los implicados continúan ocupando altos cargos de seguridad.
