Un grupo de ciudadanos presentó ante el Ministerio Público dos denuncias penales una en contra del Consejero Propietario MARLON OCHOA y los Consejeros Suplentes KAREN PATRICIA RODRIGUEZ ALVAREZ y CARLOS ENRIQUE CARDONA HERNANDEZ; por la comisión de los delitos CONTINUADOS de VIOLACION DE DEBERES DE FUNCIONARIO, TRAICIÓN A LA PATRIA, DELITOS ELECTORALES Y SEDICIÓN en perjuicio de LA ADMINISTRACION PÚBLICA, LA SEGURIDAD DEL ESTADO Y SU INTEGRIDAD TERRITORIAL. La segunda denuncia contra las personas que resulten responsables, en especial miembros o simpatizantes del partido político LIBERTAD Y REFUNDACION (LIBRE), quienes realizaron acciones de bloqueo, amenazas y sabotaje que impidieron y entorpecieron el desarrollo del proceso de licitación pública del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), y otros eventos electorales oficiales relacionados con el cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Hechos más relevantes:
-
El 7 de julio de 2025, simpatizantes del partido LIBRE tomaron y bloquearon las instalaciones del CNE en el barrio San Felipe, impidiendo la licitación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y obstaculizando la presentación de ofertas por parte de empresas oferentes.
-
Se registraron amenazas, intimidación y uso de instrumentos peligrosos contra personal técnico y público, provocando la suspensión y retraso de un acto clave para la transparencia del proceso electoral.
-
El consejero propietario Marlon Ochoa y los consejeros suplentes Karen Rodríguez y Carlos Cardona incumplieron sus deberes: no autorizaron enmienda o prórroga, no asistieron a sesiones convocadas y difundieron información falsa que atenta contra la confianza ciudadana.
Fundamento legal:
-
Artículos 2 y 4 de la Constitución de la República.
-
Artículo 542 y 544 del Código Penal: Coacción y amenaza electoral y Otros Delitos Electorales, con penas de 4 a 6 años de prisión.
-
Artículos 499 y 555 del Código Penal: abuso de autoridad y traición a la patria, sancionados con hasta 20 años de prisión e inhabilitación.
-
Normas constitucionales y convencionales que garantizan la soberanía popular, la alternabilidad en el ejercicio del poder y el derecho de los hondureños a elegir y ser electos.
Peticiones al Ministerio Público:
-
Admitir y tramitar de inmediato ambas denuncias.
-
Ordenar las diligencias de investigación necesarias para individualizar y sancionar a los responsables.
-
Garantizar la protección del cronograma electoral y prevenir actos que atenten contra la democracia.
En este momento decisivo, hacemos un llamado a todos los hondureños a defender nuestro derecho al voto y a confiar en las instituciones encargadas de velar por la transparencia y legalidad de las elecciones. La patria nos reclama unidad y vigilancia para que la voz de cada ciudadano se haga escuchar con fuerza y respetuosa determinación.
Tegucigalpa, Honduras – 15 de julio de 2025
