Este 1 de agosto se cumplen siete años desde el inicio de una escalada de violencia que transformó la vida de los habitantes de Tocoa, luego de que el denominado Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos iniciara una serie de protestas bajo el argumento de la defensa ambiental. Lo que comenzó como una lucha ambientalista pronto se convirtió en un conflicto social y político que ha dejado un saldo de al menos 13 personas muertas y numerosos hechos de violencia, muchos de ellos aún en total impunidad.
Las víctimas, en su mayoría empleados de la empresa minera Inversiones Los Pinares y líderes comunitarios que apoyaban la inversión en el municipio, fueron asesinadas en circunstancias aún no esclarecidas. A estos casos se suman miembros de las fuerzas armadas que también perdieron la vida durante enfrentamientos o emboscadas relacionadas con el conflicto, sin que hasta la fecha se hayan determinado responsables.
Diversos sectores locales han señalado que la lucha del Comité ha sido instrumentalizada políticamente y que, bajo la bandera ambiental, se ha promovido una agenda de confrontación, bloqueos y ocupaciones ilegales que han frenado el desarrollo económico en la zona. Para muchos pobladores, el verdadero costo de esta supuesta lucha ambiental ha sido el miedo, la polarización y la pérdida de oportunidades.
Pese a las múltiples denuncias y a la gravedad de los hechos, las autoridades estatales no han logrado esclarecer los crímenes ni desarticular a los grupos que han generado violencia. La falta de justicia ha incrementado el sentimiento de impunidad en la zona, donde los familiares de las víctimas siguen esperando respuestas y acciones concretas por parte del Ministerio Público.
A lo largo de estos años, incluso organismos internacionales han advertido sobre la complejidad del conflicto en Tocoa, que mezcla intereses económicos, disputas ideológicas, presiones políticas y omisión estatal. Mientras tanto, comunidades enteras continúan atrapadas entre el temor, la incertidumbre y la falta de oportunidades reales para el desarrollo.
Habitantes de Tocoa y representantes de diversos sectores productivos han reiterado su llamado al Gobierno Central para que garantice el orden, la seguridad jurídica y el respeto a las decisiones comunitarias. Exigen que se ponga fin al silencio oficial y se actúe con responsabilidad frente a una crisis que, lejos de resolverse, sigue cobrando víctimas y dividiendo a la sociedad.
