Los hechos ya no son especulaciones. Las recientes declaraciones de la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, confirman que el líder del Cartel de los Soles Nicolas Maduro, está pagando por el uso del espacio aéreo hondureño para actividades de narcotráfico. Esta NO es una acusación aislada. Hay evidencias documentadas y contundentes, que las autoridades de Honduras se niegan a investigar, demostrando una complicidad vergonzosa con una red criminal de escala internacional.
Esto no es un tema político ni ideológico. Es una operación terrorista que atenta contra la seguridad nacional de Estados Unidos, el país más poderoso del mundo. Y la justicia estadounidense no se detendrá.
Con la llegada del presidente Donald Trump y sus nuevas políticas internas de seguridad nacional, la protección del pueblo estadounidense, dentro y fuera del territorio, es la máxima prioridad. Por tanto, los responsables, cómplices, facilitadores y encubridores, sin importar su rango, enfrentarán sanciones directas, personales e intransferibles, incluyendo a sus familias.
Algunos funcionarios que sirven a este gobierno, no al pueblo de Honduras, se exponen, sin motivo alguno, a que también los incluyan en listados proscritos y los llamen a formar parte del contingente que, tarde o temprano, serán pedidos en extradición hacia los Estados Unidos. Nadie quedará al margen si ha cooperado, directa o indirectamente, con este esquema criminal.
En Honduras, la familia Zelaya Castro Rosales, altos funcionarios del gobierno, y elementos dentro de las Fuerzas Armadas, están siendo identificados y documentados como parte de esta estructura de colaboración con el narcotráfico. El gobierno de Xiomara Castro no solo ha demostrado inacción, sino solidaridad y respaldo político al narco-terrorista Nicolás Maduro, líder ILEGITIMO de Venezuela, cuyo fraude electoral ha sido probado legalmente. Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López tienen las horas contadas. Lo mismo aplica para todos los cómplices en los países involucrados.
Mientras tanto, el Fiscal General Johel Zelaya, actúa como pieza subordinada de Mel Zelaya, fabricando cortinas de humo que solo buscan encubrir una red de corrupción y crimen organizado a nivel estatal. Pero los hechos están sobre la mesa. La justicia de Estados Unidos ya está actuando. Las investigaciones siguen su curso sin pausa.
Este no es un “llamado”. Es una realidad en desarrollo. Es cuestión de tiempo. Los crímenes de narcotráfico y terrorismo no prescriben, y Estados Unidos no descansará hasta que todos los responsables rindan cuentas.
