Una fotografía de un vehículo cuya placa está a nombre del gobierno ha desatado polémica en redes sociales luego de ser captado siendo utilizado en lo que parece ser una mudanza particular.
La imagen muestra un vehículo oficial del Estado, identificado por sus iniciales de placa GH, que corresponden a instituciones adscritas al Poder Ejecutivo, haciendo un flete en Tegucigalpa.
El automotor, con la placa GHA450*, está visiblemente cargado con artículos del hogar, incluyendo una refrigeradora, muebles y un barril, lo que sugiere que no está cumpliendo con su función oficial.
En el Instituto de la Propiedad aparece solo la marca Nissan y su color «gris metálico», sin hacer referencia al propietario. Respecto al pago está en cero, por lo que estaría exento.
La fotografía ha corrido como la pólvora en redes sociales donde usuarios han compartido la imagen acompañándola de comentarios que cuestionan el uso de los bienes del Estado.
Comentarios en redes sociales
Entre los comentarios más destacados, un hombre que se dedica a hacer fletes de forma particular expresó su frustración con un toque de humor ácido: «Con razón no me sale chamba, ya me están banqueando con la chamba», haciendo referencia a la competencia desleal que un vehículo del Estado le estaría haciendo.
Por otro lado, un usuario defendió la acción al argumentar que «los carros son del pueblo, ¿cuál es el problema?», una postura que generó una fuerte reacción en contra.
En un tono sarcástico, otra mujer comentó que el vehículo podría estar al servicio de una entidad pública de una forma muy peculiar: «CNE se está trasladando», haciendo alusión al Consejo Nacional Electoral.
Hasta el momento, ninguna autoridad oficial ha emitido un comunicado para aclarar la situación o para responder a las acusaciones.
Este incidente se suma a una larga lista de denuncias ciudadanas sobre el uso indebido de recursos del Estado, y resalta la importancia de la vigilancia social para fiscalizar la gestión de los bienes públicos.
La viralización de la imagen sirve como un recordatorio contundente de que, en la era digital, los ciudadanos tienen una herramienta poderosa para visibilizar las irregularidades y presionar por la rendición de cuentas.
