Las tensiones y los temores en las familias de las víctimas y los victimarios.
Para inicios del mes de agosto la calma no había regresado al país. En abril se había producido la sustitución de López Arellano por Melgar Castro y el 25 de junio Honduras se había visto estremecida por la matanza de los Horcones. En las páginas de los periódicos todavía expresaban en sus páginas principales, evidencias suficientes para concluir que los acontecimientos del 25 junio hubiesen sido asimilados u olvidados. Aunque nuevos temas ocupaban el escenario nacional, especialmente desde que los dos partidos principales del país, se habían unido y empezado una campaña en contra del gobierno irregular dirigido por Melgar Castro y al que se le exigía que empezara a dar los pasos pertinentes para devolver la soberanía popular al pueblo, la inseguridad en Olancho y en Choluteca especialmente, seguían pesando en el ánimo nacional. La actitud defensiva por parte de los líderes militares se puso en evidencia en el discurso pronunciado por Policarpo Paz García, Jefe de las Fuerzas Armadas, reclamando que la superación de Honduras correspondía a los militares, sin decir en qué basaba tal superioridad. En forma categórica dijo, como si tuviera toda la razón, “que a los hombres de armas corresponderá el privilegio histórico de encaminar a Honduras por derroteros de superación humana” sin tomar en cuenta los hechos de Olancho; ni la reacción de los partidos políticos exigiendo el retorno al orden constitucional de derecho. Y menos los mediocres resultados logrados por las administraciones militares. (El Día, 15 de agosto de 1975, Colección Hondureña, UNAH).
En el mismo discurso y dentro de la lógica de la falsa superioridad de los militares sobre los civiles, el coronel Paz García, “también fustigó, veladamente a los partidos políticos tradicionales y al sector terrateniente”. Asimilándolos en un solo bloque, por primera vez; y tratando de justificar un nuevo balón de oxígeno para el reformismo militar con el que Osvaldo López Arellano había justificado su regreso al poder el 4 de diciembre de 1972.
El Día, de Tegucigalpa, en su edición del lunes 4 de agosto publicó que en Olancho todavía privaba el afán de venganza entre sus habitantes. Dice, contrario a lo deseado por muchos, que allá, existe “un afán de venganza (que) se advierte en el departamento de Olancho como secuela de los sangrientos sucesos del 25 de junio en el Centro de Capacitación Santa Clara y la hacienda Los Horcones. “Olancho, -sigue diciendo el reportero-, caracterizado tradicionalmente como escenario de hechos violentos, ha observado en las últimas semanas un ascenso en el índice de muertes por la vía trágica. Así lo confirman las estadísticas del Hospital San Francisco, de Juticalpa y los últimos acontecimientos. Para el caso, en la semana comprendida entre el miércoles 23 y el martes 29 del mes recién pasado (julio) se produjeron 7 muertes violentas, es decir un promedio de una víctima por día. Por lo menos la mitad de las mismas tiene relación con los sucesos del 25 de junio. El miércoles 23 murió Gonzalo Gálvez (El Panadero) mediante tres disparos (inferidos) por la espalda por un desconocido. José Santiago Becerra (emparentado con Manuel “Mel” Zelaya, del que se dijo que era capataz suyo) “se suicidó” el jueves 24 en la localidad de Culmí; el día 25 “se suicidó” un soldado en Catacamas: se hizo un disparo de rifle M—1 en la garganta, según el informe médico; el terrateniente Humberto García murió a machetazos el sábado 26 en la aldea Zopilotepe; el “panadero” Luis Romero Matute quien acompañaba a García al momento de su muerte fue acribillado a tiros por un grupo de desconocidos en el Barrio de Jesús, de Juticalpa, el domingo 27; Pablo Marroquín, sindicado como autor de la muerte de El Panadero fue victimado por agentes del DIN en Juticalpa la tarde del lunes 28; y el martes 29 resultó muerto Macario Orellana Díaz, tras un enfrentamiento entre civiles que dejó cinco heridos más en la aldea Miras, jurisdicción de Catacamas. Es de hacer notar que varios de los hechos arriba apuntados se produjeron en la ciudad de Catacamas, donde prestaba sus servicios el desaparecido colombiano Iván Betancourt. Los demás se efectuaron en Juticalpa, teatro de los acontecimientos del 25 de junio”.
El reportero de El Día, con el ojo atento, observa además que “Juticalpa atraviesa por una aparente normalidad en sus actividades diarias. El comercio se desarrolla sin tropiezos, las oficinas públicas y privadas operan como de costumbre y la Iglesia local tiene sus puertas abiertas para los feligreses sin la presencia de soldados armados en sus alrededores. La enseñanza, en sus niveles primario y secundario, tampoco muestra atraso alguno. El valle de Lepaguare representa un ambiente similar. Las operaciones de los aserraderos de la Familia Casanova se desenvuelven normalmente y tractores de la Dirección General de Caminos rellenaron por completo la enorme excavación que se hizo paralelamente al pozo de malacate en la Hacienda “Los Horcones” para localizar los cadáveres de los sacerdotes, estudiantes y campesinos sacrificados. Toda esta calma que a primera vista se aprecia actualmente en Olancho es, sin embargo, superficial. Tal es la conclusión establecida por el enviado especial de “El Día” luego de permanecer los últimos días en aquella vasta zona del país y realizar una serie de investigaciones con representantes de los distintos sectores sociales de la región”. (Reynaldo Amador, El Día, 4 de agosto de 1975, Colección Hondureña, UNAH).
En la segunda entrega de El Día, Amador dice que por “entrevistas con ciudadanos de los diversos estratos permiten determinar que la calma en Olancho es aparente. El ambiente es dominado por el temor popular a nuevas represiones del Ejército y por el espíritu de venganza que prevalece entre algunos círculos del sector más perjudicado en los crímenes del 25 de junio: el campesinado. Lo que para algunos es manifestación revanchista, no identifica a ninguna organización campesina en particular ni a tal o cual tendencia ideológica. Tampoco proyecta sus planes de acción generalizando indiscriminadamente contra todo el Ejército como institución o la clase terrateniente entera. Los sentimientos de amargura e indignación particularizan en las personas de los sindicados como responsables directos de los crímenes de Santa Clara y el Valle de Lepaguare. Puede afirmarse inclusive que la población se avergüenza del origen olanchano de algunos de los implicados. El resentimiento popular se extiende también hacia aquellos calificados como responsables indirectos de las matanzas, en virtud de las actividades instigadoras que se les atribuyen.
Entre ellas, según los sondeos realizados se encuentran el ex supervisor Guillermo Ayes Mejía y los dirigentes ganaderos Juan Zambrano y Fernando Lardizábal. La familia Casanova, propietaria de los conocidos aserraderos PECAS que funcionan en Lepaguare, ha merecido la creciente animadversión de los pobladores. Los millonarios empresarios de origen francés son relacionados en acciones de complicidad con el terrateniente Manuel “Mel” Zelaya. Respecto a la entidad castrense (Ejército, FUSEP, DIN) se advierte un evidente deterioro de su imagen pública. La ciudadanía divide sus opiniones entre los que estiman que la participación militar en los asesinatos del 25 de junio fue circunstancial; y los que creen que la misma es una práctica clásica entre todos los uniformados. Dos casos sucedidos en fecha reciente pueden dar al lector una idea de la otra cara en el diario vivir de los habitantes. La señora Piedad Mazzoni de Bärh, esposa de Carlos Bärh, recibió anónimos donde se le amenaza con “descabezar” a sus hijos por los delitos atribuidos a su marido, la reacción no se hizo esperar y el hijo mayor del matrimonio fue enviado a los Estados Unidos para tratar de ponerlo a salvo de eventuales represalias.
El ex Presidente de AGAO (Asociación de Ganaderos y agricultores de Olancho) Juan Zambrano – célebre por su fobia hacia los campesinos – encontró una mañana frente a su vehículo particular un rótulo que decía: “Mañana te toca a vos”. Los vecinos de Juticalpa recuerdan que Zambrano optó por enclaustrarse por varios días y ha aumentado las medidas de precaución personales. Así como en estos dos casos, similares mensajes de amenazas han sido enviados a numerosas personas ligadas de una forma u otra a los responsables de los sucesos del 25 de junio. Es decir, superficialmente se desarrolla en el departamento una vida común y corriente, pero en el trasfondo los distintos círculos sociales están seguros de que apenas se está experimentando un compás de espera y que tarde o temprano nuevos hechos conmoverán la región.
El panorama anterior es consolidado por la altanería que manifiestan muchos de los latifundistas luego de la masacre. Al parecer, para algunos terratenientes se ha ganado la partida a los “campesinos invasores” y más de uno confía que los acontecimientos del 25 de junio se constituyan en la receta que acabe con la lucha por la tierra en que está empeñado el campesinado. Empero, también existen propietarios de tierras que están conscientes de la agobiante situación de los hombres del campo, y admiten que de no adoptarse una actitud consecuente y ceder a algunas de las demandas de la masa campesina, sus propiedades y vidas están en peligro inminente. Este grupo de terratenientes, desdichadamente muy reducido, tampoco es partidario de la compra de funcionarios civiles y militares para la comisión de acciones trágicas tan espantosas como los acontecidos en Santa Clara y Lepaguare. En Olancho, resumiendo, el problema comienza. La sangre dejara de correr hasta que se demuestre a aquellos compatriotas que los responsables del asesinato colectivo del 25 de junio recibirán el castigo y, fundamentalmente, hasta que la reforma agraria se ponga en práctica efectivamente, sin reparar en las presiones e intereses creados del presente momento (Reynaldo Amador, El Día, 8 de agosto de 1975, Colección Hondureña, UNAH).
32. Uno de los asesinos teme por su vida y nadie le cree.
Manuel “Mel” Zelaya Ordoñez & El ganadero asustado.
Por otra parte, uno de los implicados en la matanza de los Horcones, Manuel Zelaya Ordoñez, hizo públicos sus temores, afirmando que cree que “la muerte lo ronda”. El ganadero olanchano, “sindicado como uno de los responsables directos de la masacre del 25 de junio ha recibido amenazas de muerte en el propio lugar donde guarda prisión, según lo conocido en medios allegados a su familia. Las informaciones obtenidas por “El Día” establecen que Zelaya afirma haber recibido supuestas amenazas contra su vida en un afán de sectores no identificados para evitar que ofrezca detalles sobre lo que Mel llama verdaderos responsables de las muertes de Olancho. Zelaya quien al parecer no acepta la responsabilidad en la ejecución de las víctimas en su hacienda de los Horcones en Lepaguare, también ha informado a su familia que tanto él como sus compañeros, son objeto de una campaña de terror por parte de sus carceleros. La supuesta campaña consiste en acuerdo con lo notificado por la fuente, en toques a las puertas de las celdas y excitativas para que salgan de las mismas, cometidas por los soldados encargados de su custodia en horas avanzadas de la noche. La petición pese a ser formulada en términos respetuosos nos es atendida naturalmente. Consultados algunos círculos oficiales en torno a tal versión, se dijo a “El Día”, que la misma no tenía visos de veracidad y que sin duda se trata de suposiciones del señor Zelaya o sus familiares”. (El Día, 4 de agosto de 1975, Colección Hondureña, UNAH).
Mel Zelaya, de 50 años de edad, estaba recluido en “La Mora”, una sección especial dentro de la Penitenciaría Central, destinada a personas de poder económico y ubicada muy alejada del resto de las bartolinas de los prisioneros comunes. Según la información lograda, dormía con dos de sus hijos: Manuel, el mayor y Carlos. En agosto el clima es muy caluroso; y sin duda la madera se contrae y produce algunos ruidos perceptibles para personas estresadas, como es el caso de Manuel Zelaya que, además, tenía fama de ser muy crédulo sobre espíritus y aparecidos. Eran conocidos sus miedos entre sus amigos. Por otra parte, tanto el cómo sus hijos, formaban parte de una saga familiar que había sido víctima de sus enemigos. En la fecha a que nos referimos, Manuel Zelaya, había perdido dos parientes cercanos de su madre – dos tías – a manos de enemigos desconocidos que les habían provocado la muerte en horas de la noche, sin que se supiera quienes eran los autores. Además, hay suficientes evidencias que Mel Zelaya era un alcohólico que tenía dañado su sistema nervioso y que, además, sufría de alucinaciones las que, entre otras cosas, lo obligaba a esperar ataques; o a construir escenarios diferentes a en los que él había tenido alguna participación. La implicación de los hechos por los que estaba encarcelado y sometido a proceso judicial, tenían turbadas sus facultades y es muy probable que tuviera entonces problemas para dormir habiendo desarrollado un cuadro de alta sensibilidad que le obligaba a percibir sonidos en forma superior a los normales. Esa es la razón que nadie de la Penitenciaría Central le prestara atención y le diera alguna importancia a sus denuncias y temores en el sentido que alguien lo quería matar. Tan poco respeto se les dieron a sus declaraciones que el mismo periódico, publicó una caricatura en donde no se disimula la mofa que más duele a los olanchanos: que tienen miedo.
33. Captura de sacerdote en occidente, recrudece tensiones entre la Iglesias Católica y los militares.
Padre Fausto Milla, párroco de Corquín.
El viernes 8 de agosto en horas de la mañana, mientras atendía la solicitud de una autoridad que requería de su opinión sobre propiedades de la iglesia de Corquín, el padre Fausto Milla fue detenido y encarcelado por órdenes del juez Mario Tinoco. “La información establece que Milla – originario de Guarita Lempira y de 47 años – fue capturado en el Juzgado Primero de la localidad (Nueva Ocotepeque), en los momentos en que procedía a aclarar una denuncia de un robo interpuesta en su contra por terratenientes. El sacerdote está a cargo de la Parroquia de Corquín, departamento de Copán, y fue acusado de haber robado una corona y una silla antigua ocupada por los obispos en sus visitas, por agricultores y ganaderos indispuestos contra su persona. La orden de apresamiento contra el religioso fue impartida por Mario Tinoco recién egresado de la Facultad de Derecho había tomado posesión el Juzgado Primero de Letras el miércoles 6 del presente; dos días antes del suceso. Según lo informado por nuestro corresponsal, Tinoco actuó en complicidad con los terratenientes que acusan a Milla, además de ladrón, de subvertir el orden y sembrar la intranquilidad entre las masas campesinas de la región con las cuales siempre ha estado identificado. El sacerdote ha cobrado mucha popularidad en la zona por la labor de proyección social que ha venido realizando a favor de los campesinos, lo cual ha disgustado a los terratenientes que ven en ello un grave peligro para sus propiedades”. “Entrevistado por nuestro colaborador en Nueva Ocotepeque – sigue diciendo el periódico “El Día” – Milla declaró encontrarse tranquilo en la cárcel, por cuanto está consciente de haber actuado de acuerdo con lineamientos establecidos por los Documentos de Medellín, referente a la función de la nueva Iglesia Católica. Milla ha recibido en estos días pasados la visita de numerosos campesinos de diversos puntos de la zona occidental, quienes le llevan comestibles y otros obsequios que el cura comparte con sus compañeros de celda. Las autoridades no han impedido a los campesinos patentizar su simpatía por el sacerdote. Entretanto Monseñor José Carranza Chevez, Obispo de la Diócesis de Occidente ha puesto un abogado para que defienda a Milla de las acusaciones de los ganaderos y agricultores. Se informo finalmente que los componentes de la citada diócesis han sostenido reuniones con carácter emergente en los últimos días en el Centro de Capacitación “El Yunque” de Nueva Ocotepeque”. (El Día, 14 de agosto de 1975, Colección Hondureña, UNAH).
34. En Choluteca, los militares mantienen un clima de terror contra la Iglesia Católica y también contra los políticos tradicionales.
Puente entrada de Ciudad de Choluteca.
En el periodo que nos ocupa, también en Choluteca, se mantiene un clima de mucha tensión al grado que para muchos observadores existe un virtual estado de sitio, porque están prohibidas las reuniones, se impide dar declaraciones a los medios y Radio Paz, de la Iglesia Católica del Sur, sigue fuera del aire porque los militares han tomado los transmisores e impedido sus operaciones. El 25 de junio anterior, dentro del operativo montado por los militares para frenar la Marcha de los Campesinos hacia Tegucigalpa, tomaron y apagaron los transmisores de Radio Paz una de las emisoras más escuchadas de la zona. El 28 de agosto, la emisora seguía fuera del aire, en vista que los militares tenían bajo su control sus transmisores e instalaciones.
En esta misma fecha, Práxedes Martínez, publica una nota periodística en la que dice que “desde la semana pasada cunde la zozobra en la zona sur de la República, donde efectivos de la Fuerza de Seguridad Pública y del Ejército han puesto práctica un operativo militar con miras a evitar concentraciones políticas que los partidos políticos han venido anunciando que realizaran en Choluteca. El sábado y domingo pasado, carros blindados del ejército exhibiendo toda clase de armamento llenaban carreteras y calles inmediatas a la ciudad de Choluteca y municipios aledaños. Como parte de este operativo fue cercado el mercado municipal y registradas las personas venidas de los municipios en procura de sus compras de rutina como ser la búsqueda de granos de primera necesidad. Simultáneamente se paraba el tránsito de vehículos y se procedía a registrar y a desarmar a la ciudadanía. A estas alturas más de 2.000 pistolas de agricultores, comerciantes y profesionales han sido decomisadas sin dar ninguna explicación. Hombres honrados como Francisco Rodríguez Williams y David Mendoza Lupiac fueron registrados y decomisadas las armas que portaban al conducirse a sus centros de trabajo. Y mientras se desarma a la gente honrada, los ladrones “vestidos de militares” asaltaron el carro pagador de la “Azucarera Choluteca” de la cual es gerente Rodríguez Williams, llevándose más de Lps. 13.000.00. La situación es más grave en los municipios del departamento donde prácticamente desde la semana pasada existe un virtual toque de queda. El Presidente del Comité Departamental del Partido Nacional fue citado al despacho de la autoridad militar, donde se le prohibió terminantemente la celebración de la concentración política que se tenía programada para estos días. Mientras tanto las autoridades centrales de ambos partidos políticos celebraban consultas de urgencia para trazar una nueva estrategia en la lucha constitucionalista”. (Práxedes Martínez, La Prensa SPS,28 de agosto de 1975, Colección Hondureña, UNAH).
La situación creada en el sur, era una muestra como el conflicto del 25 de junio de los militares en contra de los campesinos, había escalado, dos meses después, a otro entre los partidos políticos – Partido Liberal y Partido Nacional – y el gobierno de Juan Alberto Melgar Castro, urgido por la ciudadanía a que estableciera fechas y un proceso para el regreso al orden constitucional, mediante la convocatoria a elecciones generales para una Asamblea Constituyente. Por ello es que, los militares no tienen interés alguno en reducir sus tensiones con la Iglesia Católica del sur, por medio de la reapertura de Radio Paz. Todo lo contrario. Ahora su interés es mantener la emisora fuera del aire porque ya no son solo los campesinos los que están en contra, sino que, además, los terratenientes, agricultores y los políticos se han unido en contra del régimen militar.
La nota enviada desde Choluteca por 22 promotoras sociales de Cáritas pidiendo la reapertura de Radio Paz es interesante porque además de los argumentos tradicionales, aporta datos concretos sobre la importancia que tiene para la población más pobre las emisiones radiales de la aludida emisora. Los solicitantes, sin embargo, no saben que para los militares no eran admisibles, porque ellos no querían que el pueblo recibiera ningún tipo de animación que pudiera dirigirse en su contra. La contradicción entre el poder militar y la ciudadanía hondureña, podemos decir que, a fines de agosto, alcanza su más alto nivel. Y el instrumento de medición es la carta que incluimos textualmente a continuación: «1. Cierre de Radio Paz.
a) Considerando que, como responsables de Clubes de Amas de Casa (CAC) en el sur de Honduras y conscientes que la radio es un medio de comunicación social la cual está al servicio del pueblo en general, pedimos con carácter de urgencia la reapertura de la misma ya que la necesitamos con mucha urgencia. b) Considerando que en ningún momento Radio Paz ha servido para la subversión, sino que al contrario nos ha servido y favorecido para desenvolvernos ampliamente en beneficio de nuestra comunidad. c). Considerando que el pueblo es el afectado, nos preocupa como responsables de un programa educacional el cierre inesperado de Radio Paz. d). El valor de los programas y que afecta a la mayoría de la gente son los siguientes: 1) Para ti mujer; 2) Celebración de la Palabra; 3) Catequesis; 4) Transmisión de la misa; 5) Hora Bíblica; 6. Alcohólicos Anónimos; 7. Clases Escuelas Radiofónicas (EE.RR). Y a consecuencia de esto 6.000 alumnos están a punto de perder su año de estudio.
2). El retorno de los religiosos y religiosas a Olancho. a) Considerando que el cristiano tiene una fe viva en Cristo y que tiene una necesidad de alimento espiritual, suplicamos que los sacerdotes y religiosas regresen a sus lugares de Evangelización. Creemos que ellos son los que más se preocupan por la formación espiritual de la humanidad. Los feligreses de la Iglesia Católica creemos que ellos son los representantes de Cristo en la tierra para transmitir el mensaje de salvación para todos sin distinción de clases ni credo político. Rogamos a usted, que nuestra petición sea escuchada, deseamos que dios ilumine su camino para que reine la paz y la tranquilidad en nuestro país. Atentamente. Promotoras sociales del Sur» (El Día, Tegucigalpa, 8 de agosto de 1975, Colección Hondureña, UNAH).
Esta carta no hay constancia que haya llegado al conocimiento del coronel Melgar Castro. Tampoco encontramos evidencia de respuesta alguna para ese grupo de 22 mujeres campesinas que, formadas como promotoras sociales, le escriben al Jefe del Estado planteándoles sus problemas y pidiéndole la reapertura de Radio Paz, emisora propiedad de la Iglesia católica del Sur, que entonces dirigía Monseñor Marcelo Gerin.
