El secretario de Derechos Humanos, Héctor Longino Becerra, defendió la continuidad del estado de excepción en Honduras y afirmó que los resultados obtenidos superan a los alcanzados por El Salvador. A su criterio, “el avance que nosotros hemos tenido es superior al que actualmente tiene El Salvador”.
La medida fue implementada a finales de 2022 y, desde entonces, ha sido prorrogada en 18 ocasiones. Sin embargo, solo cinco de esas extensiones se realizaron bajo los procedimientos establecidos en la ley. Pese a ello, Becerra insistió en que los efectos positivos son “incuestionables”.
Ante cuestionamientos por presuntas violaciones de derechos humanos durante los operativos en barrios y colonias, el funcionario aseguró que cualquier denuncia debe ser presentada “ante los organismos jurisdiccionales correspondientes o el Ministerio Público” para su investigación.
Asimismo, planteó que la valoración del estado de excepción debe considerar la percepción ciudadana. “Debemos levantar una encuesta en estos barrios, colonias o municipios donde ya no muere ninguna persona, para verificar si efectivamente están o no de acuerdo con la estrategia”, propuso.
El decreto más reciente extendió la medida por 45 días, a partir del 16 de agosto y hasta el 29 de septiembre de 2025. La resolución fue publicada en el diario oficial La Gaceta, pese a no haber pasado por la aprobación del Congreso Nacional.
Por su parte, el jefe de la bancada de Libre, Rafael Sarmiento, respaldó la decisión y aseguró que la tasa de homicidios “ha bajado de un 85 al 23 por ciento”. Según dijo, esta reducción ha permitido que “más hondureños hoy puedan trabajar y vivir en paz”.
El legislador agregó que el Congreso tiene la obligación de acompañar las políticas de seguridad del Ejecutivo y recordó que las medidas de excepción “no son totales, son parciales, hay derecho a la locomoción y los resultados son evidentes”.
Sarmiento también destacó que los beneficios no se limitan a la disminución de homicidios, pues en su opinión “la extorsión ha bajado”, lo que refuerza la eficacia de la estrategia gubernamental.
Pese a estos argumentos, el estado de excepción sigue dividiendo opiniones. Mientras algunos sectores lo consideran una herramienta útil para combatir la violencia y la criminalidad, otros cuestionan su legalidad y advierten sobre posibles violaciones a los derechos humanos en su aplicación.
