La reciente movilización de tropas estadounidenses y fuerzas aliadas en el Caribe no es un acto improvisado ni una provocación sin fundamento. Es una respuesta estratégica, legal y moralmente justificada ante la amenaza que representa el régimen terrorista de Nicolás Maduro para la estabilidad regional y la seguridad internacional.
Nicolás Maduro no es un presidente legítimo. Es un dictador nefasto y narco-terrorista, acusado formalmente por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por liderar junto a Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López una organización criminal transnacional conocida como el Cartel de los Soles. Este cartel ha convertido a Venezuela en un narcoestado, operando como un refugio para el crimen organizado, el tráfico de drogas, el lavado de dinero y el terrorismo.
El pueblo venezolano ha sido rehén de esta mafia durante años, sufriendo una crisis humanitaria sin precedentes. Este despliegue militar no está dirigido contra el pueblo venezolano, sino contra los criminales que lo oprimen.
Las acciones del presidente Donald Trump se amparan en el derecho soberano de los Estados Unidos a proteger su seguridad nacional y en la legislación vigente para enfrentar amenazas transnacionales, como lo permiten:
El Título 21 del Código de EE.UU., que regula la lucha contra el narcotráfico internacional;
El Foreign Narcotics Kingpin Designation Act, que permite sancionar y actuar contra líderes de carteles;
Y la jurisprudencia sobre autodefensa preventiva cuando se identifican amenazas reales y verificables.
Estados Unidos no necesita pedirle permiso a nadie para actuar contra una estructura criminal que ha sido formalmente acusada por fiscales federales. Más de una docena de países aliados ya han expresado su respaldo a las acciones coordinadas para cortar de raíz el financiamiento ilegal que fluye desde Venezuela hacia redes criminales en todo el hemisferio.
CELAC: Un club sin poder real.
En este contexto, la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) ha quedado nuevamente desenmascarada como lo que es: un club de gobiernos amigos, sin capacidad operativa, sin fuerza legal y sin voluntad para enfrentar a regímenes criminales dentro de sus propias filas. Su silencio cómplice o sus discursos diplomáticos no detendrán la acción legítima de los países que sí están comprometidos con la libertad, la ley y la justicia internacional.
El efecto dominó es inminente.
El régimen y sus cómplices saben que el efecto dominó es inevitable.
La justicia internacional ya ha comenzado a mover sus fichas, y todos los actores involucrados caerán uno por uno.
Caerán los cabecillas.
Caerán los operadores.
Caerán los responsables de los peajes aéreos y las rutas del narcotráfico.
Caerán los militares que vendieron la soberanía por dólares manchados de sangre.
Caerán los testaferros que lavaron el dinero sucio en bancos internacionales.
Y caerán los jueces, fiscales, ministros y gobernadores de todos los países que sirvieron como piezas útiles del aparato criminal.
Nadie quedará impune. Nadie quedará intocable.
Porque esta no es una operación improvisada. Es una estrategia de justicia y libertad. Y los nombres de los implicados ya están en los expedientes de la fiscalía federal de los Estados Unidos de América.
Esto no se trata de ideologías. No se trata de intervenir un país soberano. Se trata de combatir el crimen organizado que ha secuestrado a Venezuela y ha convertido a sus ciudadanos en víctimas de una dictadura violenta, corrupta y despiadada.
El pueblo venezolano será liberado, no por discursos ni promesas, sino porque el mundo libre ha decidido actuar.
El tiempo de los criminales está por terminar.
El peso de la ley ya comenzó a caer.
Y la historia no perdonará a los cómplices.
