La finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS) dejará en la deriva a más de 50 mil migrantes hondureños en Estados Unidos, quienes quedarán expuestos al peligro de deportación.
El próximo 8 de septiembre será el fin del TPS para los hondureños, en cumplimiento de la orden de la administración del expresidente Donald Trump.
La medida, que también afecta a ciudadanos de Nepal y Nicaragua, había sido suspendida de manera temporal por un tribunal federal, pero finalmente una corte estadounidense dio luz verde a la solicitud del Gobierno de Trump para suspender la resolución que mantenía vigente el programa migratorio.
Aunque en un inicio la audiencia estaba prevista para el 18 de noviembre, una apelación de emergencia adelantó el proceso.
La cancelación del TPS amenaza la permanencia de cerca de 60 mil hondureños, 12,700 nepalíes y 4,000 nicaragüenses, según cifras oficiales. Migrantes en California organizaron en los últimos días vigilias y protestas para visibilizar la incertidumbre de las familias que podrían ser deportadas en masa.
Juan Flores, presidente de la fundación 15 de Septiembre, lamentó la postura del Gobierno de Honduras y aseguró que el país no está preparado para recibir a decenas de miles de connacionales en tan poco tiempo.
Además, advirtió sobre el impacto que sufrirán los jóvenes y niños hondureños nacidos en Estados Unidos, quienes tendrían que adaptarse a una realidad muy distinta en Honduras.
La administración Trump anunció en julio la cancelación del programa y dio apenas 60 días a los beneficiarios para regularizar su estatus o abandonar el país.
La jueza federal Trina L. Thompson frenó temporalmente la medida el 1 de agosto, pero la decisión fue revertida semanas después, reactivando la orden de deportación masiva.
A partir del 8 de septiembre, miles de familias hondureñas perderán la posibilidad de vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
