La gobernanza castromelista saca pecho propagando que han dado un paso firme para combatir el hambre, reducir la desnutrición crónica y devolver al país su capacidad productiva. Empero, es un gran embuste, porque a pesar de las cifras oficiales que anuncian una reducción hasta del 12% en la vulnerabilidad alimentaria desde 2022, la incertidumbre perdura sobre sí realmente se ha logrado la sostenibilidad de los programas, su cobertura real y, sobre todo, la capacidad estatal para convertirlos en políticas de largo plazo.
Existe una persuasiva intención proselitista en el uso de las cifras. El gobierno de los Zelaya-Castro resalta que cerca de 750,000 hondureños han superado la inseguridad alimentaria gracias al Bono Tecnológico Productivo, al ComRural II y a proyectos de cooperación internacional. Pero en el campo, gran cantidad de comunidades rurales continúan dependiendo de remesas, ayuda humanitaria y programas temporales para garantizar el maíz y el frijol en la mesa. El 16% de la población en inseguridad alimentaria sigue representando a más de 1.6 millones de personas, una cifra perturbadora para un país con gran potencial agrícola.
El asistencialismo ha aumentado con el actual gobierno socialista. Y, por ende, la instrumentalización política de las transferencias de insumos y bonos agrícolas. Se han acomodado al modelo asistencialista para realizar un alivio coyuntural, sin transformar las condiciones estructurales: el proceso de acceso a la tierra lo han politizado, los créditos blandos abundan en teoría, pero no existen realmente, la infraestructura de riego se desarrolla escasamente, y no existe una red vial que permita al productor sacar sus cosechas a precios competitivos. Por lo tanto, lo que ha logrado el gobierno refundacional, es fortalecer la dependencia del productor hacia el Estado, en vez de construir autonomía y soberanía real.
La cooperación internacional se ha convertido en un cómplice del desarrollo agrícola dependiente en Honduras. La FAO, la Unión Europea, el PMA y COSUDE entre otras, lo que fomentan con sus programas no es la soberanía alimentaria, sino la dependencia de agendas externas y financiamientos que podrían cesar con los cambios de prioridades internacionales. A Honduras con tales programas externos no le están garantizando la soberanía, pero sí una posición altamente subalterna de la gestión de fondos multilaterales.
Se percibe la contradicción entre seguridad y soberanía. Mientras que en la propaganda oficial se plantea la “soberanía alimentaria”, en la realidad lo que ejecutan, es la seguridad alimentaria inmediata. Han aumentado las importaciones masivas de granos básicos, la dependencia de agroquímicos y la falta de inversión en semillas nativas, hechos que cuestionan el postulado de la soberanía. El gobierno socialista lo que hace, es asegurar comida en el corto plazo, pero no se construye un modelo agrícola autosuficiente ni resiliente al cambio climático.
La política agrícola no tiene blindaje institucional. El país carece de un marco jurídico robusto y de autonomía real. Los socialistas fijan la atención en políticas coyunturales y buscan solamente exhibir resultados rápidos de cara a la población.
En fin, el gobierno socialista castromelista puede demostrar avances con relación a soberanía alimentaria, pero sus resultados se ven más en el plano de la gestión política y la cooperación internacional que en la construcción de un modelo sostenible de soberanía. Mientras se siga importando alimentos, nuestros campesinos continuarán relegados a la dependencia asistencialista y el país atrapado en un circulo de vulnerabilidad. Lo que hay que preguntarse no es en cuanto se ha reducido la inseguridad alimentaria en las cifras, sino cuánto ha cambiado estructuralmente la vida del productor rural y la capacidad del país para alimentarse a si mismo sin depender de otros.
