La manipulación del uso de suelo en Tegucigalpa se ha convertido en un foco de indignación ciudadana, al evidenciarse la complicidad de funcionarios públicos que, en lugar de velar por el bien común, favorecen intereses políticos y económicos.
En una carta dirigida al director de este medio, la licenciada en Ciencias de la Comunicación, María Magda Larissa González Molina, denunció que barrios residenciales catalogados como zonas R1 están siendo violentados con proyectos comerciales e institucionales incompatibles con su entorno, pese a que el Plan de Arbitrios Municipal y la Ley de Policía y Convivencia Social (Decreto 226-2001) lo prohíben expresamente.
En Colonia Lara, adultos mayores deben soportar el bullicio y tráfico generado por una plaza comercial en plena zona residencial. En la Villa Olímpica, se pretende instalar un motel junto a un asilo de ancianos, en lo que la denunciante califica como “un acto de irrespeto y falta de humanidad”. Mientras tanto, en Loma Linda Norte, vecinos —en su mayoría adultos mayores— enfrentan lo que llaman “un infierno”: la instalación arbitraria de una escuela sin consulta, sin estacionamiento, sin muros perimetrales ni medidas para mitigar el ruido.
“Esa negligencia no es inocente: es corrupción, abuso de autoridad y desprecio por la ciudadanía”, señala González Molina, al cuestionar qué instancias defienden al ciudadano común cuando los mismos funcionarios encargados de aplicar la ley son los primeros en violarla.
La denunciante advierte que el desarrollo no puede justificarse destruyendo la convivencia, atropellando la normativa y sacrificando el derecho al descanso y la tranquilidad de los vecinos. “El silencio de las autoridades no es otra cosa que complicidad”, concluyó.
