Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) se encuentra en el país para revisar el acuerdo stand-by suscrito con el Gobierno de Honduras en el marco de las facilidades crediticias vigentes. La visita ocurre en la fase de cierre de la tercera revisión del programa económico.
Durante este proceso, el FMI ha introducido un cambio sustancial en su enfoque: la Ley de Justicia Tributaria, impulsada por el Ejecutivo como una de las reformas centrales, ya no figura como requisito ni prioridad dentro del acuerdo. De acuerdo con las fuentes cercanas a la misión, el organismo multilateral ha retirado su respaldo directo a dicha normativa, enviando una señal clara de que no condiciona la continuidad del programa a su aprobación.
En su último comunicado oficial del 11 de junio de 2025, tras completar la tercera revisión bajo el acuerdo de Facilidad de Crédito Stand-By y Facilidad de Crédito Extendida, el FMI subrayó la importancia de mantener la estabilidad macroeconómica, fortalecer la disciplina fiscal y proteger a los sectores más vulnerables. Sin embargo, ahora la institución marca distancia de la controversial Ley de Justicia Tributaria, lo que representa un giro en las prioridades de la agenda económica negociada con el gobierno hondureño.
Con esta decisión, el debate político y económico en torno a la Ley de Justicia Tributaria entra en una nueva etapa, pues la iniciativa pierde el aval técnico del FMI en un momento clave para la gestión fiscal y la relación de Honduras con los organismos internacionales.
El contexto inmediato de esta decisión proviene de la tercera revisión de los acuerdos en el marco del Servicio Ampliado y el Servicio de Crédito Ampliado, concluida el 11 de junio de 2025 . En dicha evaluación, el FMI aprobó un desembolso de USD 160 millones (DEG 117.6 millones), elevando a USD 485 millones el total acumulado recibido por Honduras de un programa de USD 850 millones pactado en septiembre de 2023.
La economía hondureña creció 3.6% en 2024 y se proyecta un crecimiento de 3.5% en 2025, con inflación en descenso hacia el objetivo del 4%. El déficit fiscal se ubicó en 1% del PIB en 2024, por debajo de la meta, y se prevé suba moderada a 1.5% en 2025.
La decisión del FMI de retirar la Ley de Justicia Tributaria como requisito redefine el panorama político y económico en Honduras. Mientras se asegura un nuevo desembolso que fortalece las reservas y la estabilidad macroeconómica, el debate en torno a la controversial iniciativa tributaria se queda sin el respaldo internacional que el Gobierno había esgrimido como justificación.
