En un esfuerzo decisivo por fortalecer la transparencia y el orden administrativo, el Instituto de la Propiedad (IP) y la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE) suscribieron la Adenda No. 01 al Convenio para la Regularización y Adecuado Manejo de los Vehículos del Estado, que permitirá incorporar al registro oficial la totalidad de la flota adquirida mediante el Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, conocido como Tasa de Seguridad Poblacional.
El documento fue firmado por el Secretario Ejecutivo del IP, Francisco Bocanegra Murcia, y el Director Ejecutivo de la DNBE, Luis Alonso Sosa Salgado, quienes coincidieron en que esta medida representa un paso clave hacia la correcta administración de los bienes públicos.
La adenda establece que todos los vehículos adquiridos con dichos recursos deberán ser localizados, inventariados, sometidos a inspección física y registrados tanto en el Sistema Nacional de Bienes del Estado como en el Registro Vehicular del Instituto de la Propiedad. Asimismo, se dispone la validación documental de cada unidad, incluyendo facturas, resoluciones administrativas y registros aduaneros y su asignación oficial a instituciones estatales, garantizando un uso justificado y acorde a sus funciones.
En cumplimiento de la normativa vigente, cada vehículo deberá regularizar el pago de matrículas y multas acumuladas desde su ingreso al país, con la posibilidad de acogerse a la prescripción establecida en el Reglamento del Registro Vehicular o a la amnistía de sanciones actualmente vigente.
Esta acción se enmarca dentro de la visión de Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, que impulsa políticas firmes de transparencia, rendición de cuentas y orden en la gestión de los recursos estatales, garantizando que los bienes públicos sean utilizados de manera eficiente y en beneficio directo del pueblo hondureño.
La vigencia de la adenda se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025, con opción de prórroga mediante acuerdo entre las partes. Con este paso, Honduras avanza hacia una gestión más eficiente y transparente de su patrimonio vehicular, reduciendo los espacios de discrecionalidad en el manejo de bienes del Estado.
