Un video difundido en redes sociales ha generado la incertidumbre sobre si se está fraguando un fraude masivo luego de que el Alcalde de San Antonio en Intibucá, el señor Rodolfo Santos Mendoza, pronunciara un discurso en una reunión del Partido LIBRE en el que alentaba abiertamente a “pagar votos” a cambio de apoyo político.
“Está prohibido dormirse, prohibido transmitir miedo. Es que nos van a pagar los votos, ustedes páguennos también. Es que le van a dar lámina, nosotros vamos a dar lámina también. Vamos a ver quién canta más bonito, quién se para mejor, así decía nuestro compañero”, expresó frente a un grupo de simpatizantes.
Estas palabras, que parecen incitar a la compra y venta de votos, encendieron las alarmas sobre la posible utilización de fondos públicos o partidarios para manipular el proceso electoral en Honduras.
Si los votos se compran en las próximas elecciones generales del próximo 30 de noviembre, estaríamos ante una grave violación a la legislación hondureña, que incluye:
- Artículo 542 del Código Penal de Honduras: establece penas de 4 a 6 años de prisión y multa para quien “por dádivas, promesas o ventajas, induzca a un elector a votar o abstenerse de votar por determinado candidato o partido”.
- Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, artículo 285: prohíbe expresamente la entrega de dinero, materiales de construcción, alimentos u otros bienes a cambio del voto.
- Artículo 349 del Código Penal: castiga el uso indebido de fondos públicos con fines políticos con penas de 6 a 9 años de reclusión, además de la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Y la pregunta que todos nos debemos haces es: ¿De dónde saldría ese dinero?
¿De dónde saldría el dinero para pagar votos y entregar láminas o beneficios?
Si los recursos provinieran del erario público, el hecho se agrava al convertirse en malversación de fondos del Estado, tipificada en el artículo 349-A del Código Penal como un delito de corrupción pública.
Esto podría implicar penas de hasta 12 años de prisión y responsabilidad penal para los funcionarios involucrados, además de la devolución de los fondos mal utilizados.
Otra pregunta que toda la hondureñidad debe hacerse es ¿Y las autoridades?
La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberían actuar de oficio ante estas declaraciones, ya que representan un ataque directo a la democracia y la voluntad popular.
Empero el antecedente de que aun no se procede contra el cuñado de la actual presidente de la republica Xiomara Castro con un video similar donde se le implica en narcotráfico nos hace considerar si en Honduras ¿existe justicia selectiva?
La ciudadanía hondureña merece procesos limpios, sin chantajes ni sobornos disfrazados de ayuda social. La compra de votos no solo distorsiona la elección: roba el derecho al cambio y perpetúa la corrupción al aprovecharse de la necesidad de los mas pobres, a quienes los mismos políticos han empobrecido y mantienen así para seguir usándolos.
